
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Casi dos tercios de los jubilados argentinos cobran 336.000 pesos, sumando el haber mínimo y el bono que incorporó el gobierno al derogar la ley de actualización jubilatoria.
Opinión17/03/2025 Juan Manuel UrtubeyHace ya muchísimos años que cada miércoles los jubilados se manifiestan frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en los magros haberes jubilatorios que perciben.
La última marcha evidenció niveles de violencia que deben llamarnos a la reflexión.
Naciones Unidas instó a la autoridades argentinas a investigar con diligencia lo que pasó el miércoles pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su consternación por lo sucedido con Grillo e instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta y al ejercicio de la prensa.
La masividad de la marcha, producto de la adhesión de barras de simpatizantes de fútbol y algunas organizaciones políticas y sociales, algo absolutamente previsible frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los jubilados y pensionados argentinos, fue denunciado por el gobierno como un acto de sedición, atentado contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada. Inclusive la ministra de seguridad amenazó con utilizar la ley antimafias contra los que se manifiesten en contra del gobierno.
A eso le siguió, pretendiendo justificar el accionar del gobierno, la desopilante denuncia a Mario Firmenich, ex jefe de Montoneros, organización que existió hace medio siglo, como el organizador de la marcha.
En esa misma línea de discurso, mientras el fotógrafo Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte, producto del disparo de granada recibido en la cabeza, la ministra dijo que el herido era un militante kirchnerista.
La supuesta filiación política del trabajador de prensa justifica recibir un disparo en la cabeza de las fuerzas de seguridad?
A su vez, el presidente de la Nación respaldando la represión dijo textualmente que los buenos son los azules, los otros, los hijos de puta que vienen por él y los va a meter presos.
El clima de violencia generado por el propio gobierno, con las amenazas previas y luego con la represión a la manifestación, provocaron, como sucede habitualmente, la reacción de los manifestantes que luego el gobierno utiliza para justificar su accionar.
La escalada de violencia fomentada por discursos y declaraciones en redes sociales del presidente y sus funcionarios e inclusive las escenas de violencia física entre legisladores oficialistas contribuyen a generar el clima de violencia que desencadena en estos hechos.
Lo que deben entender los que gobiernan es que son ellos los principales responsables de generar las condiciones que nos permitan vivir en paz y armonía.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
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