Hace ya muchísimos años que cada miércoles los jubilados se manifiestan frente al Congreso de la Nación para exigir mejoras en los magros haberes jubilatorios que perciben.
La última marcha evidenció niveles de violencia que deben llamarnos a la reflexión.
Naciones Unidas instó a la autoridades argentinas a investigar con diligencia lo que pasó el miércoles pasado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su consternación por lo sucedido con Grillo e instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta y al ejercicio de la prensa.
La masividad de la marcha, producto de la adhesión de barras de simpatizantes de fútbol y algunas organizaciones políticas y sociales, algo absolutamente previsible frente a la vulnerabilidad en la que se encuentran los jubilados y pensionados argentinos, fue denunciado por el gobierno como un acto de sedición, atentado contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada. Inclusive la ministra de seguridad amenazó con utilizar la ley antimafias contra los que se manifiesten en contra del gobierno.
A eso le siguió, pretendiendo justificar el accionar del gobierno, la desopilante denuncia a Mario Firmenich, ex jefe de Montoneros, organización que existió hace medio siglo, como el organizador de la marcha.
En esa misma línea de discurso, mientras el fotógrafo Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte, producto del disparo de granada recibido en la cabeza, la ministra dijo que el herido era un militante kirchnerista.
La supuesta filiación política del trabajador de prensa justifica recibir un disparo en la cabeza de las fuerzas de seguridad?
A su vez, el presidente de la Nación respaldando la represión dijo textualmente que los buenos son los azules, los otros, los hijos de puta que vienen por él y los va a meter presos.
El clima de violencia generado por el propio gobierno, con las amenazas previas y luego con la represión a la manifestación, provocaron, como sucede habitualmente, la reacción de los manifestantes que luego el gobierno utiliza para justificar su accionar.
La escalada de violencia fomentada por discursos y declaraciones en redes sociales del presidente y sus funcionarios e inclusive las escenas de violencia física entre legisladores oficialistas contribuyen a generar el clima de violencia que desencadena en estos hechos.
Lo que deben entender los que gobiernan es que son ellos los principales responsables de generar las condiciones que nos permitan vivir en paz y armonía.
