Tanto desde el sector público como del privado en Salta se ha expresado la preocupación por la situación actual, frente a la cual la administración conducida por Gustavo Sáenz tomó algunas medidas para mantener el control de su evolución. Se ha integrado un gabinete que trabajo sobre territorio para morigerar sus efectos; cada cartera está elaborando un agenda a partir de las demandas que plantea la sociedad.
Quien ha expuesto una de las aristas más duras es el ministro de Economía y Servicios Públicos, al examinar las consecuencias del presupuesto nacional, aprobado sobre el final del año anterior. Roberto Dib Ashur advirtió que las previsiones que contiene determina que apenas tres de cada diez pesos recaudados van a las provincias, sobre las que la Nación fue delegando funciones pero quedándose con los recursos. Ese desbalance es consecuente con las posiciones que la conducción política del interior y la representación parlamentaria han sostenido durante el proceso de tratamiento del proyecto girado por la administración libertaria.
El equilibrio de las cuentas de la Provincia ha entrado en zona de riesgo, obligando a tomar decisiones para controlar el gasto sin afectar la prestación de servicios. Una de las manifestaciones fue la dificultad para cerrar un acuerdo salarial que evite que sobre el inicio del ciclo lectivo de este año haya incertidumbre sobre su apertura; de todas maneras, las paritarias se retomarán en la primera semana de febrero, tanto para empleados provinciales como municipales. El trámite que pueden tener no es muy auspicioso porque los recursos son cada vez más escasos, según la apreciación del titular de la cartera económica.
Frente a ese panorama el ánimo social no es el más propicio para tolerar incrementos de tarifas. Sobre el fin del año anterior se conocieron resoluciones del Ente Regulador de Servicios Públicos, referidas a los resultados de sendas audiencias públicas que analizaron la situación de las prestaciones de energía eléctrica y agua y saneamiento. Sobre el servicio eléctrico, entre otros temas de relevancia para su funcionamiento, se ratificó la vigencia de subsidios y tarifa social aunque los ajustes de tarifas no cesan ya que se actualizan automáticamente según el IPC o proyecciones del BCRA, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial 8457.
Respecto de la tarifa del servicio que presta la empresa Aguas del Norte, la resolución de la agencia reguladora aprobó una recomposición tarifaria progresiva y escalonada durante todo 2026, a partir de este mes. El cronograma de aumentos mensuales de un poco más del 2,5% establecido es aplicable hasta diciembre a usuarios residenciales y no residenciales. También autorizó una actualización adicional vinculada al índice inflacionario, tomando como referencia el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Nación.
Aunque no hay una disposición de aplicación inmediata, se observa con preocupación otro ajuste tarifario pendiente. Se trata del boleto del transporte urbano, servicio que presta SAETA y que si bien no se conoce que se esté analizando un aumento, de ninguna manera se descarta atendiendo a que Nación retiró el subsidio a su prestación, que el aumento en el precio de combustibles es constante y también hay incrementos salariales.
Son tiempos complejos que no se reflejan en el discurso de los gobernantes. Se recuestan en logros de difícil apreciación, como el referido a la inflación que pareciera que encontró un piso que no se ajusta a las aspiraciones presidenciales de un índice que empiece con cero desde la mitad de este año.
Le queda a la sociedad asumir que el ajuste sigue siendo la herramienta que requiere el gobierno nacional para sacar adelante al país. Y sobrevivir con esa consigna.
Salta, 02 de enero de 2026
