Cabe recordar que tras las elecciones de octubre, se definió una estrategia para avanzar en lo que llaman reformas de segunda generación para producir los principales cambios que la administración libertaria pretende lograr en la estructura del Estado. No es novedosa porque se trata de acordar con gobiernos provinciales la satisfacción de demandas que, especialmente, giran en torno de obras públicas esenciales a cambio de apoyo a los proyectos incluídos por el gobierno nacional en el temario de sesiones extraordinarias.
Ello explica que legisladores nacionales que responden a sectores políticos con responsabilidades de gobierno en las provincias hayan votado el presupuesto nacional, que dispone la restricción de fondos en áreas esenciales. Pruebas al canto: pese a que se reconoce el impacto negativo del esquema de gastos y recursos de este año, los cuatro legisladores que en ambas cámaras responden al gobernador Gustavo Sáenz votaron en línea con lo que pretendía el presidente Javier Milei. Tras la sanción del presupuesto, la conducción económica provincial reconoció que sus disposiciones desfinancian áreas sensibles de la tarea gubernamental -como la educación- pero nadie se hizo cargo del voto de tres diputados y una senadora que responden al mandatario provincial.
La apertura de una nueva etapa de negociación se lanzó en coincidencia con la difusión de un informe que da cuenta de cómo se realizaron en diciembre de 2025 las transferencias al conjunto de provincias, que beneficiaron a algunas pero fueron negativas para la mayoría de ellas. La consultora Politikon Chaco, que se especializa en el análisis de la relación fiscal entre Nación y provincias, colocó a Salta a la cabeza de las favorecidas con el reparto, que no se explica con el giro habitual de la coparticipación federal de impuestos, el principal componente de los envíos automáticos.
Este rubro, en el acumulado de 2025, cerró sin variación real mientras que en diciembre mostró una suba interanual prácticamente nula del 0,1%. Sin embargo, Salta percibió una cifra significativa que proviene de los fondos de compensación del Consenso Fiscal, que en el último mes del año anterior creció más del 100% interanual real a nivel nacional, pero tuvo un impacto muy desigual según la provincia. Para Salta, que recibió en diciembre más de 220 mil millones de pesos, se incrementaron un 237%, una de las subas más elevadas del país. Ello permitió que sus ingresos por transferencias automáticas tuvieran un incremento nominal de más del 40% en todo el año, que al descontar la inflación estimada para el período se tradujo en un 10% real que la ubicó en el primer lugar del ranking nacional, según el informe de la consultora regional.
Nada de estas cuestiones ocuparon la atención de la vocería del gobierno provincial, que dio su primera conferencia de prensa del año pero tampoco hubo consulta al respecto. Paula Benavides presentó un balance de gestión de 2025, ponderando el equilibrio fiscal sostenido, la inversión social y el impulso al desarrollo productivo. Enfatizó en que el déficit cero no solo es política nacional -dijo- porque Salta lo ejecuta desde hace seis años.
Ahora hay una nueva oportunidad de lograr ventajas incluso sobre el resto de las provincias del Norte Grande. La mesa política que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, ha preparado un cronograma de visitas a las provincias para reforzar acuerdos políticos y legislativos, que habiliten la sanción del proyecto de reforma laboral, el Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal.
Es que más allá de las convicciones, están las conveniencias.
Salta, 06 de enero de 2026
