Se trata de una inversión de más de 130 millones de dólares para construir una autopista en el Valle de Lerma.
Esta obra tiene varias particularidades. La principal es que va a resolver un agudo problema generado por el crecimiento del área metropolitana. La ruta que sirve a la vinculación entre Cerrillos y El Carril es la nacional 68, que está soportando un flujo de 15.000 vehículos diarios y no está preparada para ese volumen de tránsito. Además, en la temporada de lluvias suele inundarse provocando inconvenientes que trascienden los cortes. La nueva autopista tiene un diseño de alta seguridad, que incluye un canal pluvial que los mitigará.
Otra característica del emprendimiento es que prevé la participación privada para su financiamiento. Cuando el 26 de este mes se abran los sobres de la licitación convocada para la realización de la obra, las empresas participantes no solo estarán compitiendo por la ejecución, sino también por el financiamiento acordado con bancos. Con este esquema se busca reducir el plazo de la construcción y también liberar recursos públicos, en tiempos de ajuste fiscal extremo. La pretensión de que en tres años la nueva vía esté concluida permitiría cerrar un ciclo de ocho años de gobierno liderado por Gustavo Sáenz y, quizás, poner en marcha una campaña para alcanzar un hipotético tercer mandato.
Otro elemento que llama la atención es un proceso de expropiaciones también de gran envergadura, imprescindible para concretar el proyecto. Se trata de 300 hectáreas que deben pasar a dominio público, para lo cual ya se han emitido las resoluciones que permiten comenzar el trámite de expropiación de 52 catastros con diferentes dimensiones en el trayecto de 22 km de la proyectada autopista, continuidad de la circunvalación Oeste desde la ruta provincial 24 en Cerrillos, hasta el cruce con la 33 en El Carril. Hasta el momento no hubo objeción alguna por parte de quienes se verán afectados. “Entienden que es una obra necesaria”, dijo el director de Vialidad, Gonzalo Macedo.
La cobertura legal de este proceso es la Ley 3383, sancionada el 3 de abril de 1959. La sabiduría de esta norma le ha permitido mantener su vigencia en más de medio siglo e, incluso, ser ampliada a otros sectores a los que les asisten las mismas razones para echar mano al recurso de las expropiaciones. Cuando así lo demanden las obras viales que deben realizarse pueden expropiarse terrenos, servidumbre y materiales indispensables como los yacimientos naturales no explotados de tierra, arena, piedra y otros técnica y económicamente necesarios para la construcción.
En su articulado, la ley cuida todos los aspectos que preserven los derechos de particulares que se vinculen a este trámite. Por ley 7424, sancionada en 2007, estas disposiciones se hicieron extensivas a los terrenos necesarios para la construcción de obras de energía, hidráulica, de agua potable y cloacales, previstas en los planes de obras aprobadas en las leyes de presupuesto de cada respectivo ejercicio anual.
Pese a estas previsiones, es un tema de gran complejidad. Las prórrogas a la ley de emergencia de la provincia, que tiene más de tres décadas de vigencia, le permiten al Ejecutivo manejar las consecuencias de estos procesos. La propia Fiscalía de Estado informó oportunamente al Senado sobre los millonarios juicios por expropiaciones que heredó la actual administración del gobierno de Juan Manuel Urtubey.
De todas maneras, la autopista propuesta es una obra necesaria para potenciar el corredor bioceánico, del que Salta es un punto estratégico. Los desafíos que plantea el desarrollo deben enfrentarse sin dilaciones.
Salta, 04 de febrero de 2025
