
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Me quedó resonando el concepto que escuchamos de varios sacerdotes del Norte Grande el domingo pasado, durante la celebración del Milagro Salteño.
Opinión19/09/2024 Antonio MaroccoEn conversaciones y también en homilías, cuando se referían a la crisis que atraviesa nuestro país, lamentaban —entre otras cosas— la paralización y la desatención sobre el bien público. Pero, ¿qué es el bien público, a qué se referían? Les pregunté.
Me explicaron que se trata de una idea que intenta recuperar la síntesis entre dos conceptos que algunos discursos de la coyuntura se esfuerzan por presentar como contradictorios: el bien común, por un lado, y la obra pública, por el otro.
Resulta lógico para todos pensar que una escuela, un hospital o una ruta pavimentada contribuyen al desarrollo y el bien común de una comunidad. Ahora bien, lo que no resulta lógico para algunos es que esas obras sean impulsadas por el Estado, es decir que sean públicas.
Vivimos en un clima de época atravesado por discursos que caracterizan a todo lo público como sinónimo de ineficiencia y gasto injustificado cuando no de curro o corrupción.
Es decir, para quienes suscriben estos marcos conceptuales, estas formas de ver al mundo, las necesidades que satisfacen las escuelas, los hospitales y las rutas deben ser atendidas, financiadas y explotadas exclusivamente por el sector privado.
Finjamos amnesia o falta de conocimiento sobre la historia nacional y supongamos que estos discursos neoliberales son realmente novedosos. Supongamos que las políticas que predican jamás se implementaron en la Argentina.
Con el Estado retirado completamente de la vida de los argentinos, ¿Qué esperan que pase en cada pueblo de la Patria? ¿El sector privado saldrá a construir rutas para desarrollar la producción, las escuelas y los hospitales que nos faltan? Todo lo contrario, el sector privado empieza a retirarse, a bajar persianas, a achicarse y despedir trabajadores. Pues el sector privado no puede desarrollarse sin infraestructura que le permita acceder a la energía o trasladar su producción; no puede crecer y modernizarse sin trabajadores educados y calificados, y además —ante este estado de situación— se queda sin mercado, pues una población empobrecida es una población que no genera demanda de bienes, servicios ni consumo.
Ayer el gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva cisterna en Tartagal que proveerá agua a más de 51 mil personas del norte salteño. La financió el Estado, no era rentable para Tesla, MercadoLibre ni Techint. Si fuera por el sector privado el agua seguiría sin llegar.
Ante este panorama es que resulta valioso y sobre todo oportuno que los sacerdotes del interior profundo de nuestro país hayan puesto sobre la mesa la cuestión del bien público. La necesidad de no perder la inversión y la atención sobre las obras y los servicios públicos es la necesidad de garantizar las condiciones para el bien común de la sociedad.
Los discursos y los conceptos moldean no solo la forma en la que percibimos la realidad, sino que impactan y modifican la realidad misma. La acción comunicativa es tan influyente como la acción práctica.
Por esta razón, frente a un debate que pareciera limitarse a lo semántico, mientras algunos se refieren a la obra pública como una mala palabra que justifica el abandono de las responsabilidades del Estado frente las necesidades colectivas, debemos insistir en la idea del bien común como el argumento que aglutina, reconcilia, iguala y mejora la vida de la sociedad en su conjunto.
Por eso hay que ser cauto a la hora de hablar de ajuste y naturalizar su necesidad. El ajuste que promueven y pretenden profundizar no es otra cosa que un artificio conceptual para referirse a la desintegración del Estado y el abandono de sus funciones. Y eso no es contra la casta, es contra el 95% de los Argentinos.
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
El presidente del Comité de Prevención de la Tortura señaló que celdas saturadas y falta de recursos generan riesgos para internos y personal policial.
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.