El Gobierno promete una reforma tributaria para bajar impuestos, en 2025

Tras la suba de impuestos como los derechos de exportación, el PAIS que pagan las importaciones y la reversión en Ganancias para los salarios más altos como parte del plan económico inicial del gobierno de Javier Milei, el Poder Ejecutivo prometió ahora que enviará este año al Congreso una reforma tributaria general que apunte a bajar la carga impositiva desde 2025. La Casa Rosada puso, como condición, llegar este año al equilibrio fiscal y el ministro de Economía Luis Caputo reiteró su idea de alcanzar el déficit cero.

“Se deja plasmado en estos fundamentos y se comunica al Honorable Congreso de la Nación que durante el transcurso del año 2024 el Poder Ejecutivo Nacional presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1° de enero de 2025 en adelante. Ello, en la medida en que se cumpla con los objetivos planteados, específicamente en cuanto a obtener superávit fiscal durante el transcurso del presente año”, reza uno de los últimos artículos del proyecto de ingresos personales.

La promesa oficial surge en el contexto de un reajuste impositivo pronunciado desde el recambio de gobierno para llevar adelante un ajuste fiscal duro -que deberá ser superior a los 6 puntos del PBI si el Ejecutivo pretender terminar el 2024 con equilibrio en las cuentas públicas- levantó críticas no solo en la oposición sino también en las propias filas de economistas liberales.

“El Poder Ejecutivo presentará una reforma integral del sistema tributario con el fin de simplificarlo, lograr un aumento de la base de contribuyentes registrados e ir reduciendo la presión fiscal a partir del 1° de enero de 2025″, planteó el proyecto de ingresos personales.

La propuesta de Milei, durante la campaña, fue la de buscar una reducción general de la presión tributaria y llegó a exagerar que antes de aumentar un impuesto se “cortaría un brazo”. El tamaño del déficit fiscal para cubrir en el primer año de mandato fue tal que el Gobierno necesitó mezclar recortes de gasto con incrementos en los ingresos para poder eliminarlo.

A grandes rasgos, la hoja de ruta del ministro Luis Caputo establece que cerca de casi 40% del ajuste fiscal total buscado se sostiene por subas de impuestos. En ese listado aparecen algunos que provocaron cuestionamientos en la oposición y en empresarios del sector privado. Uno que pudo activar sin pasar por el Congreso fue la suba en las alícuotas del impuesto PAIS para todas las importaciones, lo que encareció las compras en el exterior de bienes y servicios (pagan en prácticamente todos los casos 17,5% de tasa).

La discusión parlamentaria sí incluye un incremento generalizado de derechos de exportación, que hasta último momento fue tema de pulseada con los bloques opositores por el alcance que tendría para economías regionales. También hay, en otro apartado, propuestas de moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales hasta 2027.

El otro 60% del ajuste fiscal que buscará para 2024 está explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

A grandes rasgos, la hoja de ruta del ministro Luis Caputo establece que cerca de casi 40% del ajuste fiscal total buscado se sostiene por subas de impuestos.

La ecuación podría cambiar en caso de que el oficialismo en el Congreso no logre los votos necesarios para efectivar los cambios tributarios en retenciones y Ganancias. El ministro de Economía advirtió que ya analiza qué transferencias podría cortar de manera inmediata a los gobernadores como compensación a esa suba de impuestos que quedara trunca.

Mirado de manera amplia, del total del ajuste que busca La Libertad Avanza hay un 80% que dependerá solo del Poder Ejecutivo. El impuesto PAIS se inscribe en esa línea. Otras son las Transferencias a provincias (que aportarían 0,5% del PBI del total a ajustar), subsidios económicos (0,7%), gasto en obra pública (0,7%), programas sociales como Potenciar Trabajo (0,4%), gastos de funcionamiento como salarios públicos (0,5 por ciento).

Claro que la dinámica de negociación política puede terminar por desarmar el plan original y que el ajuste se reparta a de otra forma. Esa fue la alarma que Caputo quiso encender en el mensaje a los gobernadores. Tal como informó Infobae hace algunos días, las transferencias a provincias es uno de los renglones del gasto público en los que el Gobierno podría activar una poda mayor en caso de necesitarlo.

La promesa oficial surge en el contexto de un reajuste impositivo para llevar adelante un ajuste fiscal duro que levantó críticas no solo en la oposición sino también en las propias filas de economistas liberales.

El plan de ajuste inicial proyectaba llevar las transferencias a provincias a un monto cercano al 0,5% del PBI, una caída desde 0,8 del PBI. Alguna estimación privada como la que hizo Iaraf tiene cifras más elevadas. “Finalizado el 2023, el monto de recursos en discusión es de 1% del PBI. Es decir el 20% del total del ajuste de 5% del PBI. La discusión política pone a estos recursos dentro de la negociación. En este contexto, Nación debe evaluar el costo-beneficio de resignar recorte de transferencias no automáticas (TNA) en pos de cambios legales relevantes”, planteó Nadin Argañaraz.

En ese mensaje que acompañó al proyecto de ingresos personales, el Gobierno también justificó la reversión en Ganancias para cobrar impuestos a los salarios más altos. “No cabe duda de que el impuesto a las ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino”, consideró el Poder Ejecutivo y dijo que “la tributación sobre este tipo de rentas es un elemento clave de la recaudación fiscal”.

“El actual diseño de la norma propuesta tiene por finalidad evitar situaciones en las cuales exista un desincentivo a incrementar el resultado de la actividad económica por temor a sufrir una carga impositiva adicional que anule dicho mayor ingreso. En efecto, bajo las normas propuestas, no habrá casos en los que un contribuyente que aumente su ingreso vea dicho incremento anulado totalmente por el impuesto, sin perjuicio de que el principio de progresividad pueda exigir una tributación porcentualmente mayor exclusivamente sobre el incremento de la renta”, menciona el mensaje con los considerandos de la ley.

Con información de Infobae