Lo manifestó en “Día de Miércoles” el Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella. Advirtió que hay “una cantidad de causas de intendentes y muchos tienen que llegar a juicio”. Además, cuestionó la causa por la financiera Ríos & Asociados y pidió a la Corte una “definición veloz”.
Salta18/05/2023
Ivana Chañi
El Procurador General de la Provincia reconoció que está en conversaciones con el presidente de la Auditoria General de la Provincia, Gustavo Ferraris porque “necesitamos empezar a profundizar un trabajo más articulado y coordinado”, manifestó.
Asimismo, con preocupación admitió que la “Unidad de Delitos Económicos Complejos hoy en día está desbordada ante la cantidad de causas que tiene, una lista de intendentes bastante importante y muchos tienen que llegar a juicio”. El 12 de junio comenzará el juicio contra el exintendente de Campo Quijano Manuel Cornejo. Además, el Procurador indicó que están abocados a las estafas inmobiliarias porque es uno de los objetivos que se trazó.
“Hay un desborde”, expresó.
Si bien la Auditoría de la Provincia formula trabajos de auditorías en los distintos municipios, García Castiella señaló que el trabajo de estas se agota con la vista al fiscal penal pero éste tiene que empezar a “remar” todo el trabajo de los delitos económicos y hacer muchas veces cosas que deberían de “articular y coordinar mejor”.
En este sentido, el Procurador sostuvo que se deben aprovechar mejor los esfuerzos y los recursos tanto de la Auditoría como de la Unidad Fiscal porque son “escasos”. Si bien dijo que cuentan con contadores, reconoció que no son suficientes.
“Hay que empezar a generar talleres y mesas para que se articulen de forma mucho mejor y se puedan agilizar y aprovechar los recursos porque estamos hablando de una misma línea entre la Auditoría y en algunos casos termina en la fiscalía”, propuso.
Por otra parte, el Procurador General de la Provincia se refirió a la causa de la financiera Ríos & Asociados, la cual consideró que fue la causa que desbordó toda la capacidad operativa de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Si bien desde su posición debe guardar prudencia en sus declaraciones, dijo el Procurador que estaba en desacuerdo con la libertad otorgada a la principal acusada de la causa y a otros involucrados ya que consideró que está probado que hay riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación, dos causales que justifican la prisión preventiva en un proceso judicial.
En razón de esto, la Fiscalía de Impugnación apeló ante la Corte la libertad otorgada a los imputados.
“Está probado que los mismos les han ofrecido a las casi 900 víctimas devolverles el dinero, es decir que lo tienen y más se agrava que está acreditado que para haberse profugado y escondido el botín ha colaborado personal -que está en causa- policial usando insignias y vehículos policiales y dinero y conociendo detalles de la investigación, en este caso se dan las dos circunstancias”, explicó.
“Con estas libertades soy escéptico de que podamos llegar a terminar la búsqueda (del dinero)”, manifestó.
Sobre el recurso de inconstitucionalidad, García Castiella sostuvo que la definición tiene que ser “veloz” porque es una causa que socialmente causa daño y hay que pensar en el mensaje que se le da a la sociedad cuando el impacto del daño en un primer momento se cuantificaba en $2 mil millones y según de lo que surge de las investigaciones ese dinero podría haber sido dolarizado por lo que “fácilmente podría ser triplicado en este momento”, concluyó.
La subsecretaria de Empleo, Cooperativas y Mutualidades, Agustina Casares, señaló que con la actualización nacional de datos se pudo detallar cuáles estaban trabajando y produciendo, cuáles estaban con la documentación al día y cuáles estaban vigentes.
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El problema que, en Mayo debería haber sido resuelto, persiste y los vehículos continúan portando patentes provisorias de papel.
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