Ivana Chañi
Por medio del Decreto N° 0001/23, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Salta, con las firmas de la intendenta, Bettina Romero; y el secretario de Legal y Técnica, Daniel Nallar, se resolvió vetar la ordenanza del Concejo Deliberante, bajo el N° 11.130 con fecha del 23 de noviembre de 2022.
La ordenanza tenía el objeto de duplicar, en la mayoría de los casos, los haberes mínimos para que jubilados y cónyuges, pensionados, desocupados, grupos familiares con personas con discapacidad y con personas que padezcan una enfermedad terminal, puedan solicitar la exención del pago del impuesto inmobiliario, posibilitando que su renovación sea cada dos años.
Entre los considerandos al rechazo de la anteriormente citada, surge que la Agencia de Recaudación Municipal y la Secretaría de Economía, Hacienda y Recursos Humanos no participó de la sanción, ni tampoco se la consideró para la elaboración de la Ordenanza Tributaria Anual ni para el Presupuesto Municipal para el periodo fiscal de este año.
Según reza el documento, la citada ordenanza genera “incertidumbre” y “atenta contra la prestación de los servicios de la Municipalidad”.
Asimismo, reafirma que “la percepción de los Recursos Municipales es una facultad irrenunciable e intransferible”.
Finalmente, expresa el documento oficial que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante capitalino “no acredita razón alguna fundada en principios de justicia social que la justifiquen”.
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