La querella cuestiona que la consigna policial sea para la víctima “como si pesase sobre ella una medida de seguridad” y aseguró: “No se dan las garantías para que mi representada se sienta segura”.
Judiciales05/10/2022
El abogado Vidal Villalba Samaniego, defensor de la denunciante de Matías Sanz Navamuel destacó el rol de los medios de comunicación que divulgaron el caso y cuestionó la falta de acompañamiento por parte de organismos provinciales. Cabe recordar que el exasesor del Senado, denunciado por violencia de género, fue sobreseído por inimputabilidad y habría amenazado nuevamente a una de sus denunciantes.
“Nuestro mejor apoyo han sido los medios periodísticos. Pero también me hubiera gustado que me llamen desde la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Violencia contra la Mujer”, expresó el abogado para quien el juez Antonio Pastrana “le tiró la pelota al Juzgado de Violencia”.
Recordó así que el 29 de septiembre, el juzgado de Garantías N° 2 ordenó mantener la prohibición de acercamiento y “alguna otra medida como la anotación de los lugares a donde acude” Sanz Navamuel. Sin embargo, aseveró: “No se dan las garantías para que mi representada se sienta segura”.
Al respecto, señaló que su defendida tiene una consiga policial, “como si pesase sobre ella una medida de seguridad”. “Si va al súper, tiene que ir con un policía al lado. Es injusto porque sobre ella pesó más la medida de seguridad que sobre el propio victimario, que recién tiene custodia policial”, sostuvo Villalba Samaniego y destacó que sigue adelante el proceso civil contra Sanz Navamuel y sus cómplices por el delito de estafa contra su defendida.
“Esperamos tener una sentencia favorable pronto, con perspectiva de género porque acá a la cosa hay que analizarla en el contexto general”, puntualizó.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
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