La jueza de Familia N° 2 de Orán, Ana María Carriquiry, por Aries habló sobre el incumplimiento del Gobierno de Salta con respecto al fallo que establecía determinar el presupuesto en Salud Mental. El Estado tenía diez días para responder a la resolución y hasta la fecha no respondió.
La magistrada manifestó que sólo el Comité contra la Tortura elaboró un informe sobre los hospitales públicos y la atención a los pacientes.
Ante el incumplimiento, el Gobierno puede ser demandado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como así también pagar astreintes (multa económica hasta que cumpla).
Todo ello dependerá de las actuaciones de la parte actora del proceso en el marco del amparo colectivo presentado por los asesores de Incapaces del Distrito Judicial de Orán, Gladys Reynoso y Cristian Babicz.
