De acuerdo con lo que indicó, tras la presentación del amparo se constituyó personalmente en el hospital San Vicente de Paul y el en Hospital de Salud Mental Miguel Ragone para una inspección ocular. “Tanto en el Ragone como aquí se ve lo mismo”, aseguró la Jueza señalando que la buena voluntad de las y los trabajadores resulta insuficiente ya que “atiende 6200 personas por mes un médico”. “No hay manera, tienen más psiquiatras, pero son muy pocos. Humanamente no dan abasto, aunque el día tuviese 48 horas”, aseveró.
Aseguró que “el problema sin duda es en toda la provincia” y dijo sobre la inspección junto a abogados del Ministerio de Salud: “A veces preferimos no mirar, y realmente hay que mirar. Un espanto todo y también hace a la salud mental, en la casa a uno no le gustaría vivir así”.
Posteriormente, se llevó adelante una audiencia pública en Orán, en donde pudieron expresarse madres y padres de personas con padecimientos mentales. “Los escucho todos los días en mi despacho, pero para la gente que no está acostumbrada fue muy duro. No podemos seguir cerrando los ojos”, advirtió Carriquiry.
Así las cosas, resolvió declarar el Estado de Cosas inconstitucionales, que se declara por primera vez en Salta y “se da cuando se vulneran de manera masiva los derechos en relación a la sociedad”. Se ordena así a la provincia llevar adelante un plan de salud mental “con puntos mínimos”.
Puntualmente, debe llamarse a concurso para nombramiento de tres psiquiatras, diez psicólogos, un médico neurólogo por nombramiento directo. También se debe “terminar con la precarización laboral”, disponer la apertura urgente de centros de rehabilitación para personas con problemas de consumo y acondicionar las instalaciones. Además, se debe cumplir con destinar el 10% del presupuesto de salud a salud mental, frente al 0,4% que se destina actualmente.
Finalmente, aclaró que la provincia puede apelar hasta el viernes a las 10 de la mañana, aunque la medida debe cumplirse, “salvo que la Corte de Justicia dicte sentencia en relación a la apelación”. “Cualquier desobediencia judicial se tiene que corres vista al Ministerio Público Fiscal”, indicó y remarcó que la decisión “se aplica en relación al Ministerio de Salud y en cuanto a la Provincia a la Fiscalía de Estado”.
