Durante la novena jornada de la audiencia de debate, declararon empleados de la firma comercial donde se desempeña Cajal Gauffín, una abogada de una empresa aseguradora y la psicóloga que realizó el circuito cerrado de televisión a una de las hijas menores de edad de la víctima.
Judiciales13/05/2021
En forma remota, declaró desde Buenos Aires, quien se desempeñaba como jefe de Cajal Gauffín. Se refirió al llamado que recibió del imputado, minutos después de que encontrara sin vida a su mujer y a cuestiones organizativas de la empresa, tales como disposición del dinero, facultades de un gerente, entre otras.
También prestaron declaración, empleadas de la empresa, quienes se refirieron a su conocimiento de lo ocurrido el día del hecho, a la noción que existía entre el personal de las relaciones que entablaba el imputado como gerente, con distintas empleadas de menor jerarquía, con las que concretó encuentros íntimos o se les insinuó de alguna manera, en una clara relación de desigualdad.
Una abogada que representaba a una empresa aseguradora, aludió a la audiencia de mediación que mantuvo con Cajal, cuando éste gestionaba como beneficiario, el cobro de un seguro de vida a nombre de Jimena Salas. Consignó que no pudo concretarse debido a las características del hecho por el que la asegurada había perdido la vida.
Finalmente, una licenciada en Psicología del CIF, expuso sobre el circuito cerrado de televisión que le realizó a una de las hijas menores de edad de la víctima.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Los trabajos de mantenimiento iniciarían en 2025 y pondrían en condiciones los tramos Yatasto – Rosario y Metán – Yatasto, siendo este último, “el más peligroso”.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.