Durante la jornada, declararon una médica psiquiatra, exempleados de la empresa donde trabaja Cajal Gauffín, personal policial y tres obreros de la construcción con los que Vargas trabajó como ayudante. Para uno de ellos se solicitó al Tribunal la detención por el delito de falso testimonio, a lo que no se hizo lugar y el fiscal Ramos Ossorio pidió que se inicie una investigación.
Judiciales12/05/2021
El primer testigo fue un obrero de la construcción, quien señaló, que un viernes o sábado, llegó a la obra que tenía en Vaqueros, el imputado Vargas, entre las 10 u 11 de la mañana y que permaneció junto a él hasta las 13 o 14. Dijo que compartieron un vino y luego lo acercó con su moto hasta el puente de Vaqueros.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó al Tribunal la detención del testigo por el delito flagrante de falso testimonio, basado en los numerosos testimonios de vecinos de barrio San Nicolás, quienes durante el debate, confirmaron la presencia del acusado en la zona; señaló la imagen del domo de un móvil policial que lo capta alrededor de las 13 del 27 de enero de 2017 en el barrio e incluso en contraste con lo declarado por el propio Vargas durante la investigación.
Los jueces Mascarello, Diez y Armiñana Dohorman no hicieron lugar al pedido y el representante del Ministerio Público solicitó que se giren las actuaciones a la Fiscalía que por jurisdicción corresponda para que se inicie una investigación por falso testimonio.
Declararon además tres exempleados de la firma comercial donde se desempeña como gerente regional el imputado Cajal Gauffín, quienes se refirieron a su presencia en la casa de la víctima el día del hecho.
En sus dichos, estas personas dejaron plasmado que el acusado tenía un manejo discrecional de dinero y de las desvinculaciones de empleados de la empresa, donde pese a renunciar, algunos de ellos obtenían algún tipo de resarcimiento. Confirmaron además que existían rumores que Cajal Gauffín mantuvo vínculos íntimos con algunas empleadas.
Entre los testimonios de la jornada declararon otros dos obreros de la construcción que tuvieron a Vargas como ayudante, al que calificaron de vago e incumplido y finalmente una médica psiquiatra del Poder Judicial expuso el informe sobre la pericia realizada a los dos imputados.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.