En una resolución firmada hoy, el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores de Vicentin, dispuso que los interventores que administren la firma sean los designados por los accionistas y al mismo resolvió que los interventores nombrados por el Gobierno se sostengan en calidad de veedores.
 
De esta manera, según se desprende de la resolución de Lorenzini, las decisiones sobre el manejo de la compañía agroindustrial que entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones, quedarán en manos del directorio nombrado por los dueños de la empresa y a su vez, los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich ocuparán el rol de veedores.

En tanto, el juez que entiende en el concurso de acreedores no hizo lugar a un pedido de inconstitucionalidad de la intervención planteado por los accionistas. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que dispondrá si el juez debe o no definir este tema. Por lo pronto, la resolución del juez dejaría el camino allanado para que avance el proceso concursal, con Delgado como veedor sin facultades plenas de interventor.

El martes de esta semana Lorenzini había ratificado en su cargo de subinterventor a Luciano Zarich y todo indicaba que la intervención dispuesta por el Gobierno, por un plazo de 60 días, avanzaba con el aval de la justicia. En este marco, hoy hizo aval a una presentación realizada por los dueños de Vicentin en la que referían que: "la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva".

Vicentin entró en default en diciembre del año pasado con deudas superiores a los u$s1.350 millones. En febrero solicitó la apertura del concurso de acreedores y en paralelo intentó cerrar acuerdos extrajudiciales con sus acreedores del sector primario con los que mantiene deudas de alrededor de u$s400 millones.

El Banco Nación es su principal acreedor con una deuda de u$s18.300 millones aunque los bancos extranjeros en su conjunto suman cuentas por cobrar por más de u$s500 millones. En este marco el Gobierno dispuso la intervención a comienzos de la semana pasada y en tanto, los bancos extranjeros solicitaron a la justicia de Estados Unidos la apertura de un "Discovery Process" para conocer en profundidad los números y el entramado de empresas que conforma el Grupo Vicentin.

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