Iván Luis
La medida, que entrará en vigencia plena tras un período de transición de 90 días en el que el CNC definirá los niveles de criticidad de las redes, afectará de manera directa a organismos del Estado como Arsat —cuyo equipamiento actual es mayoritariamente de origen chino— y a toda empresa privada que contrate con el sector público, exigiendo estándares que funcionan como un veto indirecto y emulan antecedentes implementados bajo presión diplomática en la región.
El trasfondo normativo de la disposición contempla un esquema de fiscalización gradual que inicia con un registro previo ante la organización estadounidense, un filtro infranqueable para los gigantes tecnológicos de Pekín, al tiempo que abre un flanco de profunda inquietud en el sector privado ante la posibilidad de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) extienda el requisito a la homologación general de aparatos.
De concretarse esa extensión a través del nuevo reglamento del Ramatel a partir del próximo 1 de diciembre, la restricción no se limitará exclusivamente a la infraestructura estatal de telecomunicaciones, sino que alcanzará de forma masiva a la importación y comercialización de cualquier dispositivo de uso cotidiano en el mercado local, desde teléfonos celulares hasta vehículos con módulos wifi y electrodomésticos conectados.
(Con información de La Nación)
