Iván Luis
Ante la inminencia de las operaciones comerciales a cargo de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la plataforma continental que rodea las Islas Malvinas, el Gobierno nacional solicitó formalmente la adopción de medidas provisionales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, advirtiendo que la extracción de recursos naturales en una zona en litigio generaría un daño irreparable y un "hecho consumado" irreversible.
La estrategia jurídica argentina —que cuenta con una sólida delegación oficial y destacados especialistas internacionales en derecho del mar— busca frenar el avance unilateral británico mientras se conforma el tribunal arbitral definitivo, complementando esta ofensiva judicial con una batería de medidas que incluyen sanciones a empresas infractoras, un nuevo marco legal de defensa soberana y la profundización de los reclamos ante los organismos multilaterales.
Cabe recordar que el organismo internacional carece de competencia para expedirse sobre la cuestión de fondo de la soberanía insular.
