Ivana Chañi
La Justicia de Salta avanzó en la implementación de un programa piloto destinado a personas con consumos problemáticos de sustancias que están involucradas en causas penales, con el objetivo de combinar el tratamiento sanitario con el seguimiento judicial.
El acuerdo entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Salud Pública quedó formalizado mediante la Acordada 14783/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
La iniciativa está destinada a mayores de 18 años que cumplan medidas alternativas a la prisión, se encuentren bajo suspensión del juicio a prueba o tengan condenas de ejecución condicional.
Para acceder, los profesionales deberán determinar que existe una relación clínicamente relevante entre el consumo problemático de sustancias y los factores vinculados con la conducta investigada.
No todas las personas con causas penales podrán ingresar automáticamente. Cada caso será evaluado por equipos especializados y la incorporación dependerá de los cupos disponibles.
El convenio también establece que el consumo problemático no implica, por sí mismo, peligrosidad ni riesgo de reincidencia.
La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas de la Justicia tendrá a su cargo la gestión de las solicitudes de ingreso.
Por su parte, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones realizará las evaluaciones correspondientes y definirá las estrategias de tratamiento.
El dispositivo contempla ciclos psicoeducativos de aproximadamente dos meses, con grupos de hasta diez participantes.
Las actividades incluirán talleres semanales y acompañamiento individual, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada caso.
El programa busca mejorar la articulación entre la Justicia penal y el sistema de salud, mediante intervenciones que atiendan las problemáticas de consumo de quienes ya se encuentran bajo medidas judiciales no privativas de la libertad.
La iniciativa no supone la eliminación de causas penales ni la sustitución automática de penas, sino la incorporación de herramientas terapéuticas dentro de los mecanismos de seguimiento previstos por la Justicia.
El convenio también establece pautas para proteger la confidencialidad de la información clínica de los participantes y garantizar que los tratamientos se desarrollen a partir de evaluaciones individualizadas.
