Iván Luis
El fantasma de la inestabilidad financiera obligó al núcleo duro del poder en Brasil a mover fichas con urgencia para contener la sangría económica. Pocas horas después de que la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva desatara un temblor sin precedentes en la Bolsa de San Pablo —con un desplome histórico del Ibovespa del 13,88% y una estrepitosa depreciación del real—, el jefe del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, salió al cruce para despejar fantasmas y garantizar que el cuarto mandato del líder progresista estará blindado por el superávit fiscal durante todos sus años de gestión.
En una entrevista con CNN Brasil, el dirigente intentó desactivar el temor de los inversores que habían apostado por el programa de achicamiento estatal del opositor Flávio Bolsonaro, reconociendo implícitamente que la salud de las finanzas públicas será el pilar innegociable para sostener la gobernabilidad a partir del próximo 5 de enero de 2027.
El desafío que se le avecina a la nueva administración no es menor, dado que la economía brasileña llega a esta encrucijada con una deuda bruta escalando al 82,9% del PBI y un déficit primario consolidado que en agosto rozó los 10.000 millones de reales, cifras a las que se suma un pago de intereses que ya absorbe el 8,86% del producto.
Frente a un escenario donde los analistas reclamaban gestos concretos de austeridad frente al anterior modelo de gasto expansivo, la promesa de gastar menos de lo que se recauda para garantizar capacidad de inversión busca reconstruir puentes con un mercado que reaccionó con pánico ante la perspectiva de un desborde fiscal.
Sin embargo, en medio de la promesa oficial de un rigor financiero equiparable a una propia "motosierra" adaptada al ideario petista, el interrogante principal sigue latente en las mesas de dinero: mientras el nombre del próximo ministro de Hacienda continúa siendo una incógnita, la falta de detalles sobre los recortes concretos mantiene a los inversores en estado de alerta permanente.
(Con información de Cronista)
