El Gobierno reglamentó la reforma de la Zona Fría y deja el beneficio solo para la Patagonia

La era del beneficio masivo para el consumo de gas llegó formalmente a su fin con la publicación este lunes del Decreto 1266/2026, rubricado por el presidente Javier Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. La norma, que instrumenta el Capítulo I de la Ley 27.828 promulgada a mediados de octubre, marca un punto de inflexión respecto al esquema vigente desde 2021, cuando el alcance de las bonificaciones se había extendido mucho más allá de la matriz patagónica histórica. 

Con este nuevo marco legal, aquellas ampliaciones quedan oficialmente derogadas, reconfigurando por completo el mapa tarifario federal y redefiniendo las reglas del juego para millones de hogares en todo el territorio argentino.

A partir de ahora, la automatización del descuento quedará rígidamente blindada para la región patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, mientras que el resto del país deberá apelar al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Para calificar a una bonificación complementaria bajo este paraguas, los usuarios tendrán que cumplir estrictos requisitos, como percibir ingresos que no superen las tres Canastas Básicas Totales calculadas por el INDEC para un hogar tipo 2.

En este engranaje, la Secretaría de Energía asumirá el rol de Autoridad de Aplicación con la misión de definir los bloques de consumo base y los volúmenes exactos de gas bonificado por región, sentando las bases para que el ENReGE ajuste los cuadros tarifarios que impactarán en las boletas a partir de noviembre.

Detrás de la arquitectura técnica del decreto se esconde también una profunda modificación en el financiamiento y el circuito financiero del sistema. El fondo fiduciario continuará nutriéndose de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aunque la gran novedad normativa radica en la incorporación de los importadores —con la excepción del GNL regasificado— como nuevos agentes de percepción junto a los productores, obligados a declarar ante la ARCA dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Asimismo, se reconfigura el canal de pagos: las distribuidoras mantendrán la tarea de aplicar el descuento en las facturas y presentar declaraciones juradas ante el ENReGE, pero saldrán de la administración directa de los fondos, cuyos desembolsos correrán por cuenta del Banco Nación y el Ministerio de Economía de forma directa hacia las empresas proveedoras.

El impacto económico genera inevitablemente una fuerte inquietud en vastos sectores de la población, dado que una porción considerable de los aproximadamente 3,26 millones de usuarios que hasta hoy gozaban de algún tipo de rebaja sufrirá la pérdida total o parcial del beneficio. 

(Con información de Cronista)