Victoria López Núñez
El Gobierno de Javier Milei volvió a defender la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y cuestionó duramente la administración de la empresa durante las gestiones anteriores.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la compañía se convirtió en un ejemplo de "disfunción administrativa y despilfarro estatal", al presentar los avances del proceso que contempla transferir al sector privado el 90% de sus acciones.
Según los datos expuestos por el funcionario, entre 2006 y 2023 AySA recibió más de US$13.400 millones en transferencias del Tesoro Nacional. Pese a esos aportes, sostuvo que persistieron problemas de cobertura, pérdidas de agua y aumentos en los costos operativos.
Ravier confirmó que el Ministerio de Economía abrió el 8 de octubre las propuestas económicas de los dos consorcios que superaron la evaluación técnica.
Rowing S.A. presentó una oferta de US$340,2 millones, mientras que Roggio Roas S.A. ofreció US$285 millones.
Las propuestas todavía se encuentran bajo evaluación y no se produjo la adjudicación definitiva.
El esquema establece que el 90% de las acciones pasará a manos privadas, mientras que el 10% restante continuará en poder de los trabajadores.
El Gobierno destacó que el futuro concesionario deberá ejecutar inversiones superiores a los US$2.000 millones entre 2027 y 2031, destinadas a mejorar la infraestructura y ampliar las redes de agua potable y cloacas.
El contrato establece metas de cobertura para los próximos años y obligaciones de calidad del servicio.
Ravier aseguró que, durante la administración de Milei, la empresa logró ordenar sus cuentas y obtener resultados positivos, condiciones que, según el Ejecutivo, permiten avanzar con su privatización.
El proceso continuará con la evaluación de las ofertas y la selección del nuevo operador, que tendrá a su cargo la prestación del servicio bajo supervisión estatal.
