Victoria López Núñez
Un total de 1.716 personas murieron bajo custodia estatal en Argentina entre 2022 y 2024, según el primer informe integral elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La cifra representa un fallecimiento cada 16 horas y expone serias deficiencias en los sistemas penitenciarios y policiales.
En N&N por Aries, el comisionado Rodrigo Solá explicó que el relevamiento reúne información de cárceles, comisarías e intervenciones de fuerzas de seguridad en todo el país.
El informe también advierte sobre la falta de información respecto de las causas de numerosos fallecimientos, especialmente en dependencias policiales.
"Hay muchas muertes, sobre todo en los ámbitos policiales, que se registran como por causas desconocidas", señaló Solá, quien remarcó la obligación del Estado de investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Uno de los datos más relevantes es que más del 62% de las muertes registradas en establecimientos penitenciarios están vinculadas con problemas de salud.
Solá advirtió que algunas podrían evitarse mediante diagnósticos oportunos, acceso a medicamentos, tratamientos y atención sanitaria adecuada.
También destacó una diferencia preocupante en las dependencias policiales: más del 40% de quienes fallecieron por causas de salud tenían menos de 40 años, mientras que, según la comparación expuesta por el comisionado, ese porcentaje alcanza apenas el 3% fuera de los ámbitos de encierro.
El funcionario sostuvo que estar detenido no significa perder los demás derechos y recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la salud y la integridad física de las personas bajo su custodia.
"La forma de pago que nosotros tenemos en nuestro sistema es la privación de la libertad, no hay ninguna otra privación de derechos que no sea el encierro", expresó.
Además, señaló que en las cárceles de Salta alrededor del 25% de las personas alojadas todavía no tiene condena, una situación que, según explicó, también debe considerarse al discutir las condiciones de detención.
Solá insistió en que el informe debe servir para mejorar los mecanismos de registro, investigar las muertes y prevenir nuevos fallecimientos.
"Hay una obligación reforzada que tiene el Estado, porque la persona está bajo su guarda", concluyó.
