Iván Luis
El gobierno de Benjamin Netanyahu reaccionó con dureza al Nobel de la Paz concedido a la jurista sudafricana Navi Pillay, de 85 años, a quien acusa de impulsar una campaña de «demonización» contra Israel. En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó la distinción como un uso «grotesco» del premio para legitimar el odio y los prejuicios contra el país, en referencia al trabajo de Pillay al frente de una comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto israelí-palestino.
La controversia se centra en las conclusiones del organismo que Pillay presidió entre 2021 y 2025. El año pasado, la comisión sostuvo que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. El informe también acusó a Netanyahu, al presidente israelí y al entonces ministro de Defensa de incitar a la comisión de ese crimen. Israel rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó la imparcialidad del organismo, mientras que Pillay defendió sus conclusiones y afirmó que el equipo había compartido miles de elementos de información con fiscales internacionales.
Ante las críticas, el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aclaró que el reconocimiento no constituye un aval a la calificación de genocidio. Sostuvo que las conclusiones corresponden a la comisión de investigación y que la responsabilidad de resolver las cuestiones jurídicas recae en los tribunales competentes, no en el comité que concede el premio. La distinción reavivó así una disputa internacional que combina denuncias por violaciones de derechos humanos, acusaciones de antisemitismo y una profunda confrontación política por la guerra en Gaza.
La trayectoria de Pillay está marcada por su lucha contra la discriminación. Nacida en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, fue la primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en esa ciudad y defendió a opositores al régimen racista. Más tarde integró el tribunal internacional que juzgó los crímenes del genocidio de Ruanda, fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y participó en investigaciones sobre violaciones de derechos fundamentales en distintos conflictos. Su trabajo sobre Gaza, sin embargo, se convirtió en uno de los capítulos más controvertidos de su carrera y volvió a colocarla en el centro de una disputa que trasciende el ámbito judicial y diplomático.
(Con información de La Nación)
