Creen que se profundizará el conflicto universitario y piden que la UNSa tome más participación

La Justicia federal volvió a darle la razón a las universidades. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno cumplir con lo establecido en la norma aprobada por el Congreso. En Salta, el escenario abre un debate hacia adentro del sistema: mientras se espera una respuesta del Ejecutivo, crece el reclamo para que la UNSa asuma un rol más activo.

El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que incluye a todas las universidades del país, y dejó sin efecto el Decreto 759/2025. Según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado ordenó al Poder Ejecutivo el "cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin".

El Gobierno había intentado frenar la aplicación de la ley primero con un veto. Cuando el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitió un decreto que condicionaba el financiamiento a que "se determine las fuentes específicas" y se incluyan las partidas en el presupuesto general. Para Cormick, esa decisión "no supera un test mínimo de razonabilidad", ya que permite suspender una ley en la que el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas.

"Una situación de rebeldía judicial"

En comunicación con Aries el docente Rubén Correa destacó el panorama sin precedentes. "Me parece que jamás ocurrió que un gobierno en democracia incumpla con lo sancionado por dos poderes del Estado: el Congreso de la Nación y la justicia federal, y está en una situación de rebeldía judicial como no se ha visto", sostuvo.

El docente además descartó estar más cerca de la solución: "Tenemos la sensación de que empuja el gobierno a profundizar el conflicto. Se me ocurre que se siente cómodo, montado sobre el aparato represivo, tratando de controlar la calle, la movilización", afirmó.

Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo acate el fallo, fue escéptico: "No estamos muy seguros de que este gobierno cumpla, porque los pasos posteriores son mucho más severos en lo institucional: juicio político, demandas sobre los bienes particulares de los funcionarios que no acaten".

El reclamo a la Unsa

Correa dirigió también una crítica a la propia universidad salteña. "La Universidad Nacional de Salta, en algún momento deberá comprender también que no puede seguir en esta situación de espera y dilatación, de tomar posiciones frente al gobierno nacional", planteó.

El señalamiento profundiza la grieta que se comenzó a visibilizar de una buena parte de la planta docente con el rector que asumió el año pasado, Miguel Nina. La presentación legal fue realizada por el CIN en representación de todas las casas de estudio, pero más de diez universidades no la acompañaron con su firma, entre ellas la unas. El argumento, según Correa, fue que “no era necesario acompañar con la firma porque ya eran parte del CIN”. Cuando el mismo juez decidió mantener la cautelar a pesar de las “muestras de avance” que ofrendaba el gobierno, este medio consultó al rectorado que informó que no hablaría hasta que “hubiera definiciones”.

Correa remarcó que el problema excede los salarios y afecta el funcionamiento mismo de la universidad. Según explicó, los recursos que Nación gira no cubren más del 7,6% de lo que la UNSa necesita para funcionar, lo que la obligó a sostenerse con fondos propios y frenó por completo el equipamiento y las obras públicas previstas.