Iván Luis
El frente judicial y político del oficialismo sumó un nuevo revés luego de que la Justicia federal declarara la inconstitucionalidad de la cláusula con la que la administración libertaria había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, dictada por el juez Martín Cormick a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a los amparos colectivos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, desactivando el recurso legal mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionaba la ejecución presupuestaria a la Ley de Administración Financiera.
El fallo anula el efecto del decreto que había dejado en suspenso la norma al apelar al artículo que exige prefinanciamiento expreso para toda ley que disponga gastos. Para el magistrado, el accionar de la Casa Rosada operó como un "mecanismo extraconstitucional" de bloqueo, recordando que el costo fiscal de la ley representaba apenas una fracción menor del Producto Bruto Interno y que la propia normativa habilitaba herramientas de redistribución presupuestaria.
De esta manera, la Justicia ordenó al Gobierno dictar de inmediato las normas reglamentarias para garantizar el cumplimiento de la ley, que contempla la actualización salarial atada al índice inflacionario y el refuerzo de los recursos para investigación y becas.
La disputa legal tiene su génesis en el intrincado derrotero legislativo de la norma, que tras ser aprobada por el Congreso, sufrir el veto presidencial y lograr la insistencia parlamentaria en 2025, fue promulgada por el Ejecutivo pero inmediatamente congelada a la espera de partidas específicas.
Con este revés judicial de primera instancia, la tensión entre el Gobierno y la comunidad académica recrudece, obligando a la administración central a definir cómo reasignará los fondos en un escenario económico y parlamentario cada vez más complejo.
(Con información de Clarín)
