Iván Luis
El tablero político nacional ingresó en zona de máxima tensión luego de que el oficialismo encendiera las luces de alerta ante el avance opositor en el Congreso para derogar por completo el DNU 70/2023.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, cruzó con dureza a los bloques opositores que preparan una sesión para el próximo 15 de octubre, remarcando que tumbar la norma implicaría un salto al vacío institucional y económico. Según el portavoz, dejar sin efecto el megadecreto significaría resucitar un modelo de intervencionismo estatal asfixiante, sepultando los logros alcanzados en materia de locaciones, comercio exterior y desregulación de mercados.
La ofensiva dialéctica del Gobierno se produce en paralelo a un escenario parlamentario de pronóstico reservado, donde los sectores críticos —con el peronismo a la cabeza y respaldados por aliados circunstanciales— rozan los números necesarios para habilitar el debate en la Cámara baja. Si bien el Senado ya había rechazado el texto en 2024, una eventual votación negativa en Diputados fulminaría la columna vertebral del andamiaje desregulatorio del oficialismo, un temor que la administración libertaria intenta contrarrestar apelando al impacto positivo que, según sus números, tuvo la norma en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En ese sentido, la Casa Rosada puso sobre la mesa los datos de la desregulación para blindar el decreto, destacando que la caída de la vieja Ley de Alquileres permitió cuadruplicar la oferta y derrumbar los precios reales en un 38%, además de enumerar el fin de los cepos a las importaciones, la ley de góndolas y los recortes en los costos de los medicamentos. Para el Ejecutivo, volver atrás con estas herramientas equivaldría a reinstalar un esquema donde el Estado decide quién produce y quién comercia, un modelo que, según advirtieron, solo beneficia a los "amigos del poder".
(Con información de La Nación)
