Victoria López Núñez
El gobierno de Bolivia agradeció el respaldo de Estados Unidos después de la detención del fiscal general Roger Mariaca, acusado de integrar una estructura vinculada con corrupción y narcotráfico. El caso abrió una fuerte polémica política porque Mariaca venía investigando al consultor argentino Fernando Cerimedo y había denunciado presiones provenientes del exterior.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su apoyo a las “acciones audaces y decisivas” adoptadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. La administración boliviana recibió públicamente ese respaldo luego del operativo que terminó con la detención de Mariaca y otros funcionarios.
La detención se produjo pocos días después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y lo acusara de haber aceptado sobornos y facilitado actividades vinculadas al narcotráfico. El fiscal rechazó esas acusaciones y sostuvo que no permitiría que decisiones provenientes del exterior condicionaran el trabajo del Ministerio Público boliviano.
Antes de ser arrestado, Mariaca había remarcado que continuaría “sin retroceder ni un centímetro” con distintas investigaciones, entre ellas las causas contra Fernando Cerimedo. El consultor argentino se encuentra detenido en Bolivia y enfrenta investigaciones por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y legitimación de ganancias ilícitas.
El vínculo entre ambos expedientes alimentó las sospechas de sectores políticos bolivianos. Legisladores denunciaron una posible injerencia estadounidense en la destitución y detención de Mariaca e incluso cuestionaron la presencia de representantes extranjeros durante una sesión legislativa vinculada con su situación institucional. Esas acusaciones no han sido probadas judicialmente.
El vicepresidente Edmand Lara también había cuestionado previamente las sanciones estadounidenses y presentó material que, según afirmó, vinculaba a Cerimedo con sectores cercanos al gobierno de Paz. Lara convocó además a la Asamblea Legislativa para analizar las revocaciones de visas impuestas por Washington a funcionarios bolivianos.
Mariaca, por su parte, calificó las medidas estadounidenses como un intento de afectar la independencia de la Justicia boliviana y sostuvo que las investigaciones bajo su conducción tenían repercusiones dentro y fuera del país. Tras su arresto, sectores críticos del gobierno comenzaron a hablar de una intervención externa sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Washington sostiene una interpretación diferente: afirma que su participación responde a una estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico y que la información aportada por agencias estadounidenses permitió avanzar sobre una presunta organización criminal dentro de la Fiscalía boliviana.
El caso suma así un nuevo foco de tensión institucional en Bolivia, atravesado por denuncias de narcotráfico, disputas sobre la independencia judicial y cuestionamientos por el grado de influencia de Estados Unidos en decisiones internas del país.
