Iván Luis
La cruzada oficialista contra supuestas conspiraciones globales sumó un nuevo capítulo de fricción institucional tras las recientes declaraciones presidenciales asegurando haber expulsado a 30.000 terroristas en los últimos dos años, un relato que colisiona frontalmente no sólo con los registros oficiales y las estadísticas migratorias que documentan meros rechazos administrativos en frontera, sino también con el propio diagnóstico de los servicios de inteligencia.
Lejos de tratarse de un desliz discursivo, desde diversos bloques legislativos advierten que esta narrativa funciona como la antesala y coartada política para acelerar el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un proyecto resistido que empodera a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y convalida herramientas de vigilancia sin contrapesos.
Mientras el arco opositor exige informes urgentes y referentes sociales denuncian el peligro latente de utilizar la excusa antiterrorista para criminalizar la protesta y recortar garantías constitucionales bajo el paraguas del secreto de Estado, el Gobierno profundiza su alineamiento geopolítico externo mientras intenta obturar por la vía de la coerción el desgaste de una gestión jaqueada por las urgencias cotidianas.
(Con información de Página12)
