Las requisas y secuestros formaron parte de una investigación por presuntas estafas con el uso de documentación fraguada. Los operativos estuvieron a cargo de la auxiliar fiscal, Eugenia López Ahanduni, de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y el comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de la fiscalía.
Ahora, están en análisis elementos que podrían sumar a las 14 denuncias de quienes aseguraron haber cancelado sus deudas, sin embargo fueron perjudicados por juicios que promovió el dueño de la concesionaria.
Los objetos secuestrados: pagarés, documentación relacionada con clientes y procesos ejecutivos, dispositivos electrónicos, libros contables y otros soportes de interés para la causa.
Denuncia penal de jueces civiles
La investigación comenzó cuando los jueces Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos advirtieron que en demandas contra distintas personas se repetían domicilios.
Ante esta situación, los jueces civiles suspendieron los procesos involucrados, y -esperando esclarecer posibles irregularidades- presentaron el caso a la UDEC. Es entonces cuando la fiscalía comenzó a investigar, comenzando por tomar declaración a compradores y a otras personas vinculadas con operaciones realizadas en la concesionaria.
Los testimonios permitieron detectar situaciones similares de personas que habían adquirido vehículos y cancelado sus créditos prendarios y luego se enteraron de juicios ejecutivos en su contra.
En esos procesos judiciales, les mostraron los pagarés y algunas personas desconocieron las firmas, otras dijeron haber firmado la documentación, pero por montos distintos. También desconocieron las fechas y los domicilios consignados.
Según la hipótesis de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, la jefa de la UDEC, los pagarés se habrían utilizado para obtener sentencias de remate y embargos, contra compradores o garantes.
En tanto que, el uso del domicilio falso habría impedido que los demandados -que en esta causa serían las víctimas- tomaran conocimiento oportuno de los procesos y pudieran ejercer su derecho de defensa.
Las ejecuciones en distintos expedientes forman parte de los 14 hechos atribuidos provisionalmente a Gutiérrez Conde.
La causa continúa en investigación y la UDEC mantiene pendientes otras diligencias, cuyos resultados serán analizados para determinar si corresponde ampliar las imputaciones o adoptar nuevas medidas procesales.
