Ivana Chañi
Salta proyecta buena parte de su crecimiento económico sobre la minería y el litio. Pero detrás de las inversiones, las exportaciones y los nuevos proyectos aparece una pregunta mucho menos visible: ¿Qué pasa con los residuos cuando la actividad crece más rápido que los controles y la infraestructura necesaria para tratarlos?
La advertencia llega desde Vaca Muerta. El fiscal jefe de Neuquén Maximiliano Breide Obeid, integrante de la Red Argentina de Fiscales Ambientales, explicó en Pasaron Cosas cómo una planta destinada al tratamiento de residuos petroleros terminó, según la acusación, convertida en un enorme basurero industrial.
El problema comenzó con la expansión acelerada de la explotación petrolera. Breide Obeid explicó que la actividad se cuadruplicó, mientras las plantas habilitadas para recibir y tratar esos residuos seguían siendo apenas cuatro. Una de ellas, Comarsa, continuó recibiendo material pese a haber superado su capacidad de procesamiento.
La investigación detectó residuos acumulados en excavaciones que, según la fiscalía, no respetaban las condiciones exigidas para evitar filtraciones. En las muestras tomadas en el lugar aparecieron arsénico, plomo, antimonio y otros metales, y un análisis del Cuerpo Médico Forense determinó que la exposición a esas sustancias representa un riesgo para la salud por su carácter cancerígeno.
El crecimiento de la ciudad agravó el problema. Con el paso de los años aparecieron loteos y viviendas en sectores próximos al predio. La acusación sostiene además que la empresa ocupó terrenos vecinos a medida que necesitaba más espacio para continuar acumulando residuos.
La causa finalmente llegará a juicio. La fiscalía presentó 95 testigos y logró que tres responsables de la empresa —el principal accionista, un director y el gerente técnico— sean llevados a debate.
Para Salta, el caso funciona como una advertencia más que como una comparación directa. La actividad es diferente —minería en un caso y petróleo en el otro—, pero el interrogante es el mismo: si la producción aumenta de manera acelerada, los controles ambientales, la capacidad de tratamiento y la trazabilidad de los residuos tienen que crecer al mismo ritmo.
Breide Obeid advirtió que los conflictos ambientales cambian según cada región del país: en algunos lugares predominan la tala o el tráfico de fauna, en otros los agroquímicos, la minería o los hidrocarburos. Sin embargo, señaló que suelen repetirse problemas vinculados a grandes intereses económicos y deficiencias en los controles estatales.
