Ivana Chañi
El acuerdo financiero entre Salta y el Gobierno nacional no se limita al cruce de las deudas que ambas administraciones mantenían entre sí. La Provincia también aceptó desistir de acciones judiciales contra Nación y asumió obligaciones de información sobre el estado de sus cuentas públicas.
Las condiciones forman parte del convenio aprobado mediante el Decreto Provincial 493, publicado este martes en el Boletín Oficial. El entendimiento se inscribe en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creado para que Nación y las provincias puedan reconocer, compensar y cancelar deudas pendientes.
Una de las cláusulas establece expresamente que Salta desiste de acciones y derechos en causas iniciadas contra el Estado nacional. Es decir, la Provincia acepta dejar de sostener esos reclamos judiciales como una de las condiciones incorporadas al acuerdo.
Entre los expedientes mencionados aparece la demanda presentada por Salta contra Nación por los decretos nacionales 561 y 567 de 2019, que llegó a la Corte Suprema de Justicia. El convenio incluye tanto la acción declarativa de inconstitucionalidad como un incidente de medida cautelar relacionado con esa causa.
También figura el amparo iniciado por Salta contra el Estado nacional por el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El documento establece que las partes deberán presentar el convenio ante la Justicia para que sea homologado en los procesos alcanzados por el desistimiento.
El convenio suma otra obligación relevante: la Provincia deberá entregar a Nación información periódica sobre distintos aspectos de sus finanzas públicas.
Entre los datos requeridos aparecen el gasto en personal, la deuda provincial, la situación del Tesoro, los saldos bancarios y el financiamiento otorgado a los municipios. También se solicita información vinculada con tarifas de servicios públicos, impuestos y transferencias.
Esto significa que el acuerdo no sólo define cuánto dinero debe pagar Salta después de compensar las obligaciones pendientes. También establece compromisos judiciales y obliga a la Provincia a reportar regularmente información sobre cómo están sus cuentas.
Las condiciones adquieren mayor relevancia porque forman parte del mismo entendimiento que dejó un saldo de casi $266 mil millones a favor del Estado nacional después de cruzar las deudas reconocidas por ambas administraciones.
De esta manera, el Decreto 493 tiene al menos dos consecuencias diferentes para Salta: una económica, vinculada al pago del saldo resultante, y otra política y judicial, que implica abandonar litigios contra Nación y asumir nuevas obligaciones de información financiera.
