Ivana Chañi
La Justicia anuló el juicio abreviado mediante el cual los padres de una beba de ocho meses habían sido condenados a tres años de prisión condicional por lesiones graves agravadas por el vínculo y posteriormente puestos en libertad. Ahora, la causa deberá continuar ante un nuevo Juzgado de Garantías.
La decisión se produjo a partir de un planteo de la Asesoría 9 del Ministerio Público Pupilar, a cargo de Martha Bustos, que consideró que cerrar el expediente en una etapa tan temprana impedía determinar con mayor profundidad qué había ocurrido y vulneraba el derecho de la niña a una tutela judicial efectiva.
El caso comenzó a principios de este año, cuando la pequeña ingresó al Hospital Materno Infantil. Los profesionales detectaron signos compatibles con episodios de agresión y la niña quedó internada en terapia intensiva. A partir de esa situación se realizó la denuncia penal y sus padres fueron detenidos.
En abril de 2026, ambos progenitores reconocieron su responsabilidad dentro de un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. También se dispuso su libertad, la pérdida de la responsabilidad parental y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima.
El Ministerio Público Pupilar se había opuesto desde un principio a que la causa terminara mediante ese procedimiento. Después de la sentencia presentó un recurso de casación y planteó que, por la gravedad del caso, todavía quedaban aspectos que debían investigarse.
En su presentación, Bustos sostuvo que el juicio abreviado fue “indebidamente prematuro” y que una respuesta judicial rápida no necesariamente garantiza justicia si no permite conocer de manera suficiente qué ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades.
Finalmente, la Justicia hizo lugar al planteo y declaró nula la resolución por falta de fundamentación. Como consecuencia, la condena dictada a través del juicio abreviado quedó sin efecto y la investigación deberá continuar ante otro Juzgado de Garantías.
