Apenas nueve meses después de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz enfrenta uno de los desafíos políticos más importantes de su gestión. El mandatario busca conseguir respaldo legislativo para un paquete de reformas económicas orientadas al mercado mientras su coalición de gobierno muestra crecientes signos de fractura.
El Ejecutivo prevé enviar al Congreso el 11 de agosto una nueva Ley de Inversiones, que funcionará como el primer paso de una serie de iniciativas destinadas a atraer capitales privados mediante modificaciones en el esquema impositivo y de regalías.
El gobierno de centroderecha, que estrechó vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, también prepara proyectos para reducir la intervención estatal en sectores considerados estratégicos, especialmente en las áreas de energía y minería.
Las reformas forman parte de la estrategia de Paz para recuperar el crecimiento, atraer inversiones extranjeras y sostener un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.900 millones.
El Gobierno busca modificar el modelo económico
Dentro del paquete económico, el Ejecutivo pretende reformular especialmente el funcionamiento de las industrias del petróleo y el gas, después de casi dos décadas caracterizadas por una fuerte presencia estatal durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
Entre las principales iniciativas aparece una reducción de la participación de las empresas públicas y una apertura más amplia al capital privado en sectores estratégicos.
Las autoridades propusieron que la suma de impuestos y regalías para las compañías energéticas quede limitada a aproximadamente 50%, con la intención de mejorar la competitividad frente a mercados regionales como Argentina y Perú.
El plan contempla también incentivos para nuevos proyectos de exploración y una reducción del protagonismo de la petrolera estatal YPFB.
Además, el Gobierno busca reforzar la seguridad jurídica para los inversores, garantizar el cumplimiento de los contratos ya vigentes y habilitar una participación mayor de empresas privadas en la generación y comercialización de electricidad.
Una coalición cada vez más fragmentada
El debate parlamentario funcionará también como una medición del poder político de Paz. Aunque el MAS salió debilitado de las elecciones de 2025, el Congreso quedó dividido entre seis bloques de centroderecha que mantienen prioridades y posiciones diferentes.
“El gobierno tiene que hacer una coalición”, afirmó el analista político Andrés Gómez desde La Paz. “Ese es un desafío del gobierno en este momento”.
Legisladores consultados por Reuters señalaron que las divisiones partidarias, incluso dentro de los propios espacios, dejaron al Ejecutivo sin una mayoría estable. Como consecuencia, Paz deberá negociar prácticamente cada proyecto de manera individual.
“Lo único que hacen es pedir préstamos y más préstamos sin cambiar el modelo económico que llevó al país a la crisis”, cuestionó Carlos Alarcón, integrante de la conservadora Alianza por la Unidad.
Ese espacio, que inicialmente respaldó a Paz y controla alrededor de una quinta parte de las bancas del Congreso, incrementó durante los últimos meses sus cuestionamientos sobre la conducción de las cuentas públicas.
Las tensiones alcanzaron también al gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC). Allí surgieron diferencias entre el Presidente y el vicepresidente Edman Lara, mientras distintos dirigentes que habían acompañado al oficialismo se alejaron de la administración.
Pese a este escenario, la diputada del PDC Claudia Bilbao aseguró que continúan las conversaciones con todas las fuerzas políticas. “Estamos trabajando con todos, desde nuestro presidente hasta el último diputado, para sacar adelante al país que hemos encontrado en la quiebra”, declaró.
Protestas y bloqueos complicaron el ajuste
La capacidad del Gobierno para avanzar con reformas también quedó condicionada por la conflictividad social. A comienzos de este año, los intentos de Paz por reducir el gasto público y eliminar los históricos subsidios a los combustibles provocaron movilizaciones y bloqueos de rutas en diferentes regiones.
Las protestas evidenciaron los límites políticos para aplicar un ajuste económico profundo, mientras distintas organizaciones anticiparon la posibilidad de retomar las medidas de fuerza a partir de octubre.
La economía boliviana atraviesa además un escenario delicado. Según estimaciones del FMI, el producto podría contraerse 3,3% durante 2026, en un contexto marcado por la reducción de la producción de gas natural, la escasez de reservas internacionales y un déficit fiscal superior al 10% del PBI.
Un acuerdo por u$s1.900 millones con el FMI
En julio, el Gobierno alcanzó un entendimiento de tres años con el Fondo Monetario Internacional por u$s1.900 millones, aunque todavía necesita la aprobación del Congreso boliviano y del Directorio Ejecutivo del organismo.
De concretarse, sería el primer programa plurianual de Bolivia con el FMI desde 2006 y podría facilitar el acceso a por lo menos u$s5.000 millones adicionales provenientes de organismos multilaterales.
El senador Branko Marinkovic, de la conservadora Alianza Libre, consideró indispensable recurrir a nueva financiación, aunque advirtió que el crédito por sí solo no resolverá los problemas estructurales.
“El FMI es una opción que tenemos que tomar”, aseguró. “Aquí no hay si es bueno o malo, lo tenemos que tomar. Pero el crédito no es la solución, es qué haces para poder después pagar los créditos”, añadió.
Los especialistas coincidieron en que el principal valor del acuerdo puede estar en la posibilidad de recuperar el acceso de Bolivia a otras fuentes internacionales de financiamiento.
“Los 1900 millones de dólares no cambian de forma fundamental el cálculo de la solvencia de Bolivia”, explicó Jonathan Fortun, economista sénior del Instituto de Finanzas Internacionales.
“Lo que el programa puede hacer es sentar las bases y desbloquear otras fuentes de financiación”, agregó.
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