El Gobierno enfrenta nuevas dificultades para avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados, donde uno de los principales puntos de conflicto es la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder al régimen simplificado de Ganancias.
La discusión adquirió mayor peso político a partir del antecedente del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien adhirió al régimen vigente junto con su esposa. Esa situación es utilizada ahora por distintos bloques para reclamar cambios y mayores restricciones dentro del nuevo proyecto.
La Libertad Avanza mantiene, de todos modos, la intención de avanzar con el dictamen y deberá negociar con sectores dialoguistas para reunir los votos necesarios en comisión y posteriormente en el recinto.
El Gobierno busca ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias y generar mayores condiciones para que dinero y bienes no declarados ingresen al sistema formal. Sin embargo, la inclusión de funcionarios y exfuncionarios aparece como uno de los principales obstáculos para alcanzar consenso.
Desde distintos sectores de la oposición sostienen que quienes ejercen cargos públicos deberían recibir un tratamiento diferente, especialmente para evitar cuestionamientos vinculados con el origen de los fondos y posibles conflictos de intereses.
La discusión se suma a una agenda legislativa económica que incluye también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo deberá definir ahora si consigue cerrar los acuerdos necesarios para avanzar con ambos proyectos.
El antecedente de Adorni terminó así incorporándose al centro del debate parlamentario y agregó una dificultad política a una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.
