Ivana Chañi
Los trabajadores judiciales de Salta podrían retomar las movilizaciones si no reciben una propuesta salarial concreta. Desde la Agremiación Judicial denunciaron descuentos discrecionales, sanciones aplicadas incluso a empleados que mantuvieron el servicio y una circular que restringe las manifestaciones dentro de Ciudad Judicial.
En Pelo y Barba, por Aries, el secretario general del gremio, Matías Aramayo, sostuvo que el reclamo fue presentado formalmente en mayo y que, tres meses después, todavía no existe una respuesta económica. “No tenemos una propuesta concreta, pero sí tenemos descuentos en el recibo de sueldo”, afirmó.
Aramayo aseguró que las sanciones no se aplicaron de la misma forma en todos los organismos judiciales. Mientras algunos trabajadores no recibieron descuentos, otros fueron afectados aunque no hubieran participado de manera permanente en las protestas.
Según explicó, durante las manifestaciones se organizaron rotaciones para garantizar el funcionamiento de la Justicia. Sin embargo, también sufrieron descuentos empleados que permanecieron en sus puestos para cubrir a sus compañeros.
El dirigente señaló que esta disparidad generó tensión entre empleados, jueces y autoridades. “Hay una situación muy grave que pone a empleados contra jueces”, advirtió.
En medio de una tregua abierta para negociar, los trabajadores recibieron los descuentos y conocieron una circular que prohíbe las manifestaciones.
Aramayo consideró que la decisión profundizó el conflicto en lugar de acercar posiciones. Calificó las medidas como antisindicales, arbitrarias y discrecionales, y sostuvo que reflejan una desconexión de la Corte de Justicia con la situación económica de los empleados.
“Si lo que quieren es disciplinar, generan el efecto contrario. La gente tiene mucha más bronca”, afirmó.
La asamblea gremial ya aprobó un esquema de movilizaciones progresivas para agosto. El plan había quedado suspendido mientras se esperaba una propuesta salarial.
Aramayo anticipó que, si no existe una respuesta concreta al vencimiento de la tregua, los trabajadores volverán a manifestarse. “Desde mayo no tenemos una propuesta. La respuesta fueron descuentos discrecionales”, señaló.
El conflicto comenzó luego de que la Corte otorgara un aumento del 9% a jueces de Garantías por los cambios vinculados al nuevo Código Procesal Penal.
El gremio cuestionó que el incremento no alcanzara a fiscales, defensores, secretarios, empleados, técnicos ni trabajadores de otras áreas que también participan de la reforma judicial.
Aramayo también denunció diferencias en el acceso a capacitaciones y sostuvo que los trabajadores reciben un trato desfavorable frente a determinados sectores de la magistratura.
“En la Justicia deberíamos encontrar algo parejo para todos y no está pasando”, concluyó.
