Milei anunció el proyecto para reformar la carta orgánica del BCRA: "El objetivo es preservar la moneda"
Política30/07/2026El Presidente presentó por cadena nacional la iniciativa que enviará al Congreso para limitar la emisión monetaria.
El Gobierno expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos
Una nueva disposición amplía las facultades del Estado para impedir el ingreso, cancelar residencias o expulsar extranjeros en determinados casos.
Ivana Chañi
El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Migraciones N.º 25.871 y estableció nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar la residencia o expulsar extranjeros.
El cambio fue dispuesto mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La norma alcanza a extranjeros que hayan difundido mensajes de odio, incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad, o participado en actos de ultraje contra símbolos patrios nacionales.
Cancelación de residencia y expulsión
El decreto incorpora estas conductas entre los impedimentos para ingresar al territorio nacional.
También las suma como causal para cancelar una residencia ya concedida. En esos casos, la persona podrá ser intimada a abandonar el país dentro de un plazo determinado o ser expulsada, según las circunstancias personales y los hechos analizados.
La medida comenzará a regir al día siguiente de su publicación y deberá ser enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Qué expresiones quedan afuera
El texto aclara que no podrán quedar comprendidas las expresiones de:
- Disenso ideológico.
- Crítica política.
- Crítica académica.
- Opinión ciudadana legítima.
El Gobierno sostuvo que la modificación no pretende sancionar diferencias políticas, sino impedir el ingreso o permanencia de personas que promuevan acciones de odio o violencia contra argentinos.
Una reforma por DNU
El Poder Ejecutivo justificó el uso del decreto de necesidad y urgencia al señalar que la situación no permitía seguir el trámite ordinario para la sanción de una ley.
El Congreso deberá analizar posteriormente la validez del DNU mediante el procedimiento previsto para este tipo de normas.
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