“Atenta contra la salud pública”: rechazo en Salta a la venta de medicamentos fuera de farmacias

La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, advirtió por el proyecto de desregulación que analiza el Gobierno nacional.
Salta27/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, expresó su preocupación por el proyecto de desregulación que elabora el Poder Ejecutivo nacional y que, entre otros puntos, volvería a poner en discusión la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, Carrasco explicó que la iniciativa retoma aspectos que habían sido incorporados oportunamente en la Ley Bases, pero cuya aplicación quedó suspendida por una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo.

La dirigente aclaró que el proyecto todavía se encuentra en etapa de elaboración y no fue presentado formalmente en el Congreso de la Nación, aunque ya fue mencionado públicamente por autoridades nacionales.

Entre los cambios que más inquietan al sector farmacéutico aparece la posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en otros puntos de venta.

“Nos preocupa tremendamente porque consideramos que atenta directamente contra la salud pública”, sostuvo Carrasco.

La representante de los propietarios de farmacias cuestionó que este tipo de medicamentos pueda ser tratado como un producto de consumo común y remarcó que, aun cuando sean de venta libre, tienen acción farmacológica y pueden provocar efectos adversos.

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Según explicó, también existe preocupación por el riesgo de adquirir productos cuya procedencia o condiciones de conservación no estén debidamente garantizadas.

Carrasco defendió que los medicamentos continúen siendo dispensados exclusivamente en farmacias, al considerar que estos establecimientos están específicamente habilitados por el Ministerio de Salud Pública para garantizar su correcta conservación y entrega.

Carrasco insistió en que el medicamento debe ser considerado un “bien social” y no una mercadería ordinaria, por los efectos que su uso puede generar sobre la salud.

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