Veintidós años tardó la Justicia en condenar a dos exfuncionarios por robar bienes públicos.
Veintidós años.
Y quizás ahí esté una de las razones del hartazgo de tantos argentinos.
Porque cuando una persona ve que alguien vinculado al poder es acusado de robar, pasan los años y todo sigue igual, empieza a perder la confianza.
Cambian los gobiernos. Cambian los discursos. Cambian las promesas. Pero las causas siguen abiertas, las responsabilidades no se resuelven y quienes ejercen el poder siguen actuando como si el tiempo jugara a su favor.
Entonces aparece el hartazgo.
Y el hartazgo nunca vota convencido.
No importa a quién vote. Lo importante es entender por qué llega a ese punto.
Llega cuando siente que las instituciones dejaron de responder.
Ese es el verdadero problema.
No quién gana una elección. No qué modelo propone un gobierno. Sino que una causa contra un funcionario público no puede tardar veintidós años.
Quien acepta administrar recursos públicos debería aceptar también un nivel de responsabilidad mayor.
No con menos garantías. Pero sí con procesos más rápidos, plazos claros y una Justicia capaz de resolver.
Si es inocente, que se sepa rápido.
Si es culpable, que la condena llegue cuando todavía tenga sentido.
Porque una sentencia veinte años después ya no devuelve la confianza perdida.
Quizás el hartazgo no sea el problema.
Quizás sea la consecuencia.
Y una Justicia que tarda veintidós años en condenar a un funcionario es una de las razones por las que el hartazgo termina ocupando el lugar de la esperanza.
