En un contexto de menores recursos nacionales, Salta sostiene el incentivo docente y destina el 43% de su presupuesto a la educación. El acuerdo con Nación ordena parte de la relación financiera, pero no implica renunciar a los reclamos.
Mediación
La Nación y la Provincia reforzaron su vínculo en el ámbito de la Justicia. Asumieron compromisos para construir un sistema más eficiente, más cercano y con mejores herramientas, que se volcaron en convenios suscritos al respecto.
Los acuerdos fueron firmados por el gobernador Gustavo Sáenz y el ministro nacional de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien llegó a Salta para desarrollar actividades en la Universidad Católica. Contemplan capacitación en mediación comunitaria, implementación del régimen penal juvenil y adhesión al programa contra el microtráfico.
La resolución alternativa de conflictos emerge como una de las herramientas más efectivas para enfrentar situaciones controversiales y alcanzar resultados de manera ágil a través del consenso, evitando una mayor judicialización de los litigios. Un ejemplo de ello fue informado este lunes, respecto de un acuerdo alcanzado en Joaquín V. González mediante este procedimiento para resolver un conflicto por usurpación de tierras.
No era un caso menor y se tramitaba en sede penal a partir de una denuncia formulada por los propietarios registrales de tierras ubicadas en el municipio anteño contra un grupo de personas que se asentó en el lugar. La intervención de la mediadora del Ministerio Público Fiscal permitió que las partes alcanzaran un acuerdo satisfactorio respecto de 19 hectáreas en disputa en una zona del territorio salteño en el que el problema de usurpaciones suele ser muy frecuente y en no pocas oportunidades trepa a inquietantes niveles de violencia.
A partir de la reforma del Código Procesal Penal, Salta fue una de las primeras provincias en incorporar la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos civiles, comerciales, laborales o de familia sin llegar a un juicio formal. Está regulado por la Ley 7324, sancionada en noviembre de 2004, que declaró de interés público el uso, promoción, difusión y desarrollo de este método no adversarial para arreglar diferendos individuales y de orden social y familiar.
Las estadísticas oficiales dan cuenta que es un sistema altamente efectivo, porque más de la mitad de los casos son resueltos de manera pacífica y el seguimiento demuestra que se respetan los términos pactados. Es así porque también se confirmó que quienes utilizaron la mediación la volverían a utilizar y hasta la recomendarían,
A la mediación la recomiendan los jueces pero también la iniciativa particular posibilita su desarrollo. Es así que en organismos públicos y en el ámbito privado operan centros especializados y sus conclusiones dan cuenta que los resultados óptimos se alcanzan en temáticas donde los involucrados necesitan mantener un vínculo a largo plazo -como es el caso de los problemas de índole familiar- o donde se demanda celeridad porque las cuestiones en juego son de carácter económico.
Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal habilitan este camino mediante una gestión especializada. También está la intervención del Ejecutivo Provincial a través de la Subsecretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y su par municipal, que canaliza a través de su propio centro la atención de los conflictos vecinales y comunitarios.
En un tiempo en que la violencia y la intolerancia se está expandiendo en la sociedad, resulta no solo conveniente sino necesario sostener este sistema para reencauzar el vínculo ciudadano.
Salta, 07 de julio de 2026
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