Rocío Monteros Di Pietro
A poco más de dos semanas de la muerte de Thiago, el niño de 2 años que falleció presuntamente a manos de la pareja de su madre, la investigación comienza a correr el foco no solo sobre el acusado, sino también sobre la actuación de los organismos del Estado que habían sido advertidos sobre la situación de vulnerabilidad de los hermanos.
El abogado querellante, Pedro Arancibia, reveló en Día de Miércoles que el padre y la abuela paterna habían realizado denuncias meses antes alertando sobre presuntos maltratos y situaciones de descuido. Según explicó, esos antecedentes ya fueron incorporados a la causa y ahora la Fiscalía solicitó los expedientes completos para determinar qué respuesta dieron la Secretaría de la Niñez, la Justicia de Familia y los demás organismos que intervinieron.
"Hay documentación de maltrato y descuido de los niños", sostuvo Arancibia. Además, remarcó que ahora se busca conocer "qué pasó con esas denuncias, si se notificó a la Secretaría de la Niñez y qué hicieron estas oficinas frente a esas denuncias".
El letrado también cuestionó los comunicados difundidos tras el hecho por distintos organismos provinciales, al considerar que existen contradicciones sobre el accionar estatal. "Creo que es sospechoso que se den comunicados oficiales en un tenor medio de la defensiva, como diciendo 'hicimos todo bien'. Hay que explicar por qué no se actuó de la manera que aparentemente se debía actuar", afirmó.
Ante ese escenario, la querella no descarta avanzar contra el propio Estado. Arancibia confirmó que analizan una eventual demanda si la investigación demuestra que hubo funcionarios que incumplieron con sus obligaciones. "Primero hay que determinar si existió responsabilidad de funcionarios públicos. Si se comprueba que hubo un incumplimiento de los deberes y que una intervención oportuna podía haber evitado este desenlace, evidentemente también podría corresponder una demanda por daños y perjuicios contra el Estado provincial", advirtió.
