Ivana Chañi
La reducción de frecuencias y las restricciones horarias en el transporte público abrieron un nuevo frente de conflicto en Salta. Esta vez, el reclamo surgió desde el ámbito educativo, donde docentes del IES 6053 Abuelas de Plaza de Mayo advirtieron que la medida puede afectar la asistencia, la permanencia y la continuidad de las trayectorias estudiantiles.
En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el rector del instituto, Marcelo Segura, expresó su preocupación por el impacto que la decisión tiene sobre estudiantes, docentes y personal de apoyo que dependen del colectivo para llegar a clases, realizar prácticas y sostener actividades académicas.
Segura fue contundente al señalar que el problema excede la organización del transporte y toca directamente el derecho a la educación.
“Con esta medida se está quitando el derecho a ir en presencialidad a las escuelas”, advirtió el rector, al cuestionar que las restricciones horarias afecten especialmente a quienes viven lejos de los establecimientos educativos o no cuentan con otro medio de movilidad.
El planteo cobra especial relevancia en el nivel superior, donde muchos estudiantes cursan en horarios extendidos, realizan prácticas formativas y dependen del transporte público para regresar a sus hogares.
Desde el instituto sostienen que el conflicto no se resuelve con medidas parciales. Segura remarcó que hace falta una respuesta estructural que garantice la gratuidad del boleto estudiantil y la frecuencia del transporte para que los alumnos puedan movilizarse.
“No creemos que se solucione parchando, sino con una solución de fondo”, señaló.
En esa línea, también cuestionó el funcionamiento del organismo que regula el transporte y consideró necesario revisar el esquema actual para asegurar un servicio adecuado, accesible y presente en todos los barrios.
En el documento difundido por docentes del IES 6053 Abuelas de Plaza de Mayo, se solicita a las autoridades competentes la revisión urgente de las medidas y la apertura de instancias de diálogo con las comunidades educativas.
El texto advierte que la reducción del servicio puede profundizar desigualdades, aumentar el riesgo de deserción y afectar la organización académica en tiempos de parciales y próximos exámenes finales.
Para Segura, el conflicto requiere una respuesta inmediata. La discusión por el transporte dejó de ser sólo un problema de recorridos y frecuencias: en las aulas, ya se vive como una amenaza concreta al derecho de estudiar
