Alerta

Al cierre de esta semana se confirmó que en los próximos días se girará al Congreso un nuevo paquete de leyes que no se vinculan directamente a las demandas sociales actuales, que se refieren a dificultades domésticas. Reconocidas consultoras han ponderado el impacto de políticas nacionales que confirman que la mayoría de los asalariados no cubren la canasta familiar y sus ingresos se agotan a mitad de mes. Los organismos oficiales, como el propio Banco Central, tiene medido el creciente nivel de endeudamiento de las familias argentinas, mientras en las comisiones de trabajo de Diputados y el Senado de la Nación se acumulan los proyectos para aportar soluciones. Para nada tienen que ver con las propuestas libertarias.

Las dificultades se expresan en organismos estatales que tienen responsabilidad en la prestación de servicios esenciales y van escalando desde aquellos que operan en el ámbito municipal -los más cercanos a los ciudadanos-, siguen con los provinciales y buscan canales para lograr respuestas de los nacionales. En la línea intermedia, el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta observa cómo creció la cantidad de personas que han engrosado el nivel de morosidad y se suman a pedir los subsidios por carencia o, al menos,  planes de pagos que les permitan cumplir sus obligaciones. En ese marco se inscribe la convocatoria a sendas audiencias públicas para analizar la situación tarifaria de los servicios de energía y de agua y saneamiento, que se realizarán en la segunda semana de junio.

La gravedad de la situación es tal que se busca analizar la ley que encuadra la aplicación de los incrementos, a los que vincula a la evolución de la inflación. La norma se sancionó para contener excesos o defectos de uno de los gastos que más impacta en los presupuestos familiares y la lógica encontró en el IPC mensual un punto de referencia. Sin embargo, a la luz de los resultados, se está lejos de alcanzar ese objetivo y obliga a su revisión en orden a las reales posibilidades de pago de los usuarios.

Mientras la Provincia se debate en esos reclamos populares, el gobierno central tiene definido otro paquete de iniciativas, que se suman a proyectos como la reforma electoral y la de defensa de la propiedad privada que tienen trámite avanzado en el Congreso. Se conoció este jueves que se apresta a enviar al Parlamento  diez leyes que disponen cambios en la Ley de Etiquetado Frontal, la creación de juicios por jurados, reformas internas del CONICET, una ley de ludopatía y normativas de regulación de la competencia. Pero también sumará un proyecto de fuerte impacto institucional.

Se propone reformar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, buscando desregular  el mercado de las telecomunicaciones permitiendo, por ejemplo, que capital extranjero invierta en medios de ese sector. Para promover un mercado más competitivo y ágil  apunta a flexibilizar las operaciones comerciales: reduciendo las fiscalizaciones del ENACOM, eliminando obligaciones sobre contenidos mínimos y simplificando el sistema de licencias para medios. 

Además, buscará exigir a los periodistas la presentación de una declaración jurada patrimonial. Para ello, el proyecto propone declarar a los trabajadores de prensa como Personas Expuestas Políticamente, una categoría que no se les adjudica, en general, en ningún país del mundo. Está estrictamente definida por organismos internacionales de prevención de lavado de activos, como el GAFI, y abarca exclusivamente a funcionarios públicos, políticos, jueces y militares de alto rango, así como a sus familiares. Por su alto perfil, estas personas representan un mayor riesgo de corrupción o lavado de activos, por lo que los bancos y entidades financieras aplican controles estrictos.

Es una alerta que se encendió y es la sociedad la que debe estar atenta. A ella le pertenecen libertades esenciales como las de expresión y de prensa y debe cuidarlas, rechazando recursos que las pongan en riesgo. Están en el cimiento de la vida democrática.

Salta, 22 de mayo de 2026