Desfinanciamiento

Si bien en el país se observa el avance de una política de desfinanciamiento sistemático de la salud pública, la Provincia no abandona su responsabilidad de sostener un servicio público esencial. Es así que atiende las prioridades que plantea el sistema, optimizando los recursos disponibles, mientras diseña acciones para recuperar gastos.

Este jueves, el gobernador hizo una evaluación de las inversiones realizadas en sus seis años de gestión y concluyó que es un monto histórico. Se trata de tres billones de pesos volcados en la recuperación de la salud pública, cuyo mal estado fue lo primero que notó al asumir en 2019, expresado en la muerte de niños originarios en el norte salteño.

La referencia fue propicia en oportunidad de inaugurar las obras de refuncionalización y modernización de la Guardia de Emergencias del Hospital Señor del Milagro. Fueron financiadas con fondos provinciales mediante una inversión que supera los 1.600 millones de pesos y que era impostergable a raíz de la creciente demanda asistencial del área metropolitana y del interior de la provincia.

Esta necesidad está vinculada a la otra cara de la moneda, que es el abandono de las obligaciones asumidas por el Gobierno nacional respecto de la atención de ámbitos de acción federales, que se enfrentan con fondos coparticipables. Es un objetivo político, según apreció el exministro de Salud, el radical Carlos Ubeira, quien consideró que las políticas nacionales buscan eliminar el Estado mediante el desfinanciamiento sistemático de la salud pública, el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la investigación y anulando todo tipo de regulación.  “Si el Estado deja de intervenir, termina regulando el mercado”, advirtió, marcando que “a diferencia de otros mercados, en salud las personas no eligen cuándo enfermarse, por lo que consideró indispensable la intervención estatal para garantizar equidad”.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública trabaja en un proyecto de ley para el recupero de los costos hospitalarios generados por la deuda de las obras sociales con el sistema sanitario público. También se avanza en una serie de medidas para enfrentar esa deuda, como lo ha resuelto el Hospital San Bernardo que iniciará acciones judiciales para reclamar el pago de más de 10 mil millones de pesos, mientras que la cartera que conduce Federico Mangione prepara una licitación para contratar una empresa privada que se encargue exclusivamente de recuperar los montos adeudados por las obras sociales.

Todo esto ocurre mientras la atención de pacientes con obra social en hospitales públicos aumentó más del 67%, generando una fuerte presión sobre un presupuesto destinado principalmente a personas sin cobertura médica. Instituciones como el PAMI virtualmente abandonaron a sus afiliados, quienes deben recurrir a las prestaciones que le facilita el sistema provincial, sumando una nueva gestión de reclamo ante el gobierno nacional que lleva adelante el mandatario salteño.

Cuando se apague el brillo de la competencia ecuménica de fútbol, nada podrá ocultar las falencias de una situación que somete a la sociedad a pagar un ajuste, cuyos beneficios todavía no se notan.

Salta, 17 de julio de 2026