En ese orden se viene anunciando el sostenimiento de regímenes de subsidios, como el que se aplica a los usuarios de los servicios de energía y agua potable. Además, se estableció un bono eléctrico, puntualmente dirigido jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos y se sumó un beneficio para los establecimientos hoteleros, que podrán modificar la potencia contratada cuando baja cada temporada, evitando pagar costos por servicios que no usa.
Estrictamente de lo que se trata en los casos de subsidios es de asegurar su llegada a todos los sectores que demandan tal asistencia. El ajuste impuesto por el gobierno nacional para estabilizar la macroeconomía, se refleja en una crisis social como consecuencia de su impacto en la microeconomía.
La progresiva pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, la desaparición de fuentes de trabajo y el crecimiento de la informalidad están alterando significativamente la economía doméstica. Es lo que está en los fundamentos de la decisión que anunció el gobernador Gustavo Sáenz respecto del papel que va a jugar la administración salteña para morigerar los efectos de los cambios en la economía.
A poco de iniciada la segunda mitad del año, dio a conocer un conjunto de medidas que incluyen asistencia financiera a los presupuestos familiares, para ordenar el endeudamiento que creció de manera significativa y quedó -en no pocos casos- fuera del control de quienes se han convertido en deudores de riesgo para el sistema financiero en sus distintas expresiones. Ahora sumó la ampliación de beneficiarios de subsidios para reducir la facturación de EDESA y Aguas del Norte, facilitando el acceso a su tramitación. Es un régimen que tiene topes de consumo de entre el 60% y 100% en luz y agua para hogares
Al paquete de asistencia directa se agregó lo que el gobierno llama el bono eléctrico, para favorecer al sector pasivo. Es un beneficio de hasta $150.000, que se aplicará en el trimestre de julio a septiembre, que se aplica directamente sobre la factura de EDESA, a través de la cual también se cobra el servicio de agua potable y saneamiento.
Esta asistencia se financia exclusivamente con fondos del tesoro provincial, a través del Fondo Compensador Tarifario, un mecanismo financiero federal creado por ley para equilibrar las diferencias en los costos de distribución y las tarifas de servicios públicos entre distintas regiones. Garantiza que usuarios con consumos similares paguen montos equivalentes sin importar su ubicación geográfica, y permite subsidiar de manera directa a usuarios carenciados, entidades benéficas, merenderos y clubes de barrio. Ya en enero pasado, el titular del Ente Regulador, Carlos Saravia, había estimado que en el año se iban a destinar unos 10 mil millones de pesos para los subsidios.
La cobertura alcanza a la base social de menores ingresos, que demanda atención para acceder a servicios que están fuera de las potestades provinciales. De allí que también se ha sumado el gobierno municipal capitalino, que va aliviar el costo de la garrafa que usan los hogares sin red de gas natural.
Esa base va engrosándose paulatinamente por las dificultades que la clase media tiene para sostener sus consumos, aún contando con trabajo formal. Ello configura un riesgo muy potente de conflictividad social, que se está observando en una amplia variedad de reclamos, que están movilizando a la población.
Todos los esfuerzos del Estado deben extremarse para mantener contenida a la sociedad.
Salta, 16 de julio de 2026
