Piden enjuiciar a Pereyra Maidana por demorar informe del Fondo de Reparación

El diputado provincial Luis Albeza confirmó a Aries que presentó un pedido de juicio político contra la auditora general de la Provincia, Elsa del Valle Pereyra Maidana, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

El expediente ya ingresó en la Cámara de Diputados y fue girado a la Comisión de Juicio Político, que deberá analizar si existen elementos suficientes para avanzar con la formación de causa prevista en la Constitución provincial.

Albeza puso el foco en las demoras registradas en auditorías vinculadas al Fondo de Reparación Histórica, creado para financiar obras en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia mediante endeudamiento internacional.

Según el legislador, la auditoría financiera relacionada con el manejo de esos fondos sufrió retrasos “irrazonables” e incompatibles con los estándares de diligencia y oportunidad que debe cumplir un organismo constitucional de control.

“La Auditoría General no estuvo a la altura de las circunstancias”, afirmó Pino Rocha

El diputado también advirtió que la demora no solo afectaría el funcionamiento interno de la Auditoría General de la Provincia, sino también las facultades de control de la propia Legislatura, especialmente de la Comisión Examinadora de Cuentas, de la cual forma parte.

“El control público tardío equivale muchas veces a un control institucionalmente ineficaz”, sostuvo Albeza, al remarcar que la oportunidad es un elemento esencial en cualquier sistema republicano de rendición de cuentas.

Entre los puntos mencionados en la presentación, el legislador señaló falencias en la producción efectiva de auditorías, acumulación de expedientes en mora y bajos niveles de conclusiones definitivas dentro del área de control de la funcionaria cuestionada.

“No es una cuestión personal ni partidaria. Cuando un legislador observa posibles irregularidades o funcionamiento deficiente de un organismo de control tan importante, tiene la obligación institucional de actuar”, expresó.

El pedido se ampara en el artículo 160 de la Constitución de Salta y en el artículo 40 de la Ley 7103, que establece que los auditores generales pueden ser removidos mediante juicio político por las mismas causas previstas para los magistrados judiciales.