Ivana Chañi
La provincia de Tucumán marcó un hito institucional al sancionar la Ley de Ficha Limpia, sumándose a la lista de distritos que exigen mayor integridad a sus representantes.
Con esta aprobación unánime, ya son nueve las jurisdicciones del país, incluyendo a Salta y Jujuy, que impiden que personas con condenas firmes por delitos dolosos accedan a cargos electivos o jerárquicos en el Estado. El proyecto, impulsado por el oficialismo, busca responder a una creciente demanda social de transparencia política en el Noroeste Argentino.
La normativa establece que la inhabilitación regirá para aquellos ciudadanos que cuenten con una condena confirmada en segunda instancia.
Entre los delitos contemplados figuran la corrupción, el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad y abusos contra la integridad sexual, siempre que la pena sea igual o superior a tres años.
Un punto distintivo de la ley tucumana es la inclusión de los ciudadanos registrados como deudores alimentarios, extendiendo el criterio de idoneidad más allá del ámbito estrictamente penal y reforzando los mecanismos de control estatal.
