El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) formalizó un nuevo procedimiento para combatir el uso de celulares dentro de las cárceles. Mediante la Resolución 734/2026, el organismo, actualmente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, facultó el bloqueo inmediato de dispositivos que se activen en zonas restringidas.
La normativa sustituye protocolos anteriores para permitir que las Prestadoras del Servicio de Comunicaciones Móviles (PSCM) procedan, sin excepción, al bloqueo no solo del IMEI (identidad del equipo), sino también del IMSI (identidad del abonado) y de la línea telefónica asociada. Se apunta a impedir que los dispositivos sean utilizados para planificar, coordinar o ejecutar maniobras ilícitas.
El sustento de la medida radica en la necesidad de impedir que las organizaciones criminales utilicen terminales móviles para “planificar y coordinar maniobras ilícitas” desde su lugar de alojamiento. Según los considerandos de la norma, el uso de estas tecnologías intramuros pone en riesgo directo la seguridad pública, lo que exige estrategias institucionales para disuadir y neutralizar tales conductas.
La ley vigente (N° 24.660) ya prohibía las comunicaciones telefónicas a través de equipos móviles en las cárceles, exigiendo la instalación de inhibidores en los pabellones. Sin embargo, la nueva resolución del ENACOM dota al sistema de una herramienta administrativa y técnica más ágil para que las operadoras den de baja el servicio y el equipo de forma definitiva cuando sean detectados por los sistemas de seguridad.
El alcance de la medida: apertura a las provincias
Uno de los puntos más relevantes de la medida es que extiende esta capacidad de control más allá de la jurisdicción nacional. Si bien el foco inicial está en el Servicio Penitenciario Federal, la norma incorpora expresamente a las provincias que decidan adherir al protocolo de detección y bloqueo.
Esta inclusión surge tras un pedido formal del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, que alertó sobre la problemática de las comunicaciones ilegales en sus penales locales. De esta manera, el Ministerio de Seguridad de la Nación actuará como el único canal para comunicar las solicitudes de bloqueo de las provincias adherentes a las empresas telefónicas.
Es decir, en el caso de las provincias que adhieran al sistema, los pedidos también deberán ser comunicados a las prestadoras exclusivamente a través de la cartera nacional de Seguridad.
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