El Gobierno posterga la privatización del sector nuclear

El gobierno de Javier Milei continúa con el mapa de privatizaciones trazado en la Ley Bases, que incluyó un porcentaje de Nucleoeléctrica (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares. Si bien la venta parcial de AySA, Metrogas y la concesión de las cuatro represas hidroeléctricas acapararon la atención pública en los últimos días, el futuro de NA-SA generó debate sobre cómo el gobierno está tratando los activos estratégicos vinculados al sector nuclear; mientras sigue evaluando la "viabilidad comercial" de una venta que le permitiría sumar un colchón extra de divisas de cara a la recta final del primer mandato libertario.

Por un lado, la discusión gira en torno al valor del 44% de la empresa habilitado a ser privatizado y a la posibilidad de que el Gobierno lo impulse finalmente en el mediano plazo, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la valuación de éste y otros activos. Por otro, una presentación legislativa buscó ponerle un freno a la participación de privados en un área que desde la oposición consideran estratégica, en un momento de transformación de la política nuclear internacional.

La privatización de Nucleoeléctrica

La privatización parcial de Nucleoeléctrica, la firma que opera Atucha I, II y Embalse, fue habilitada formalmente por el Gobierno en septiembre de 2025. El decreto 695/2025 estableció la venta del 44% de las acciones de la compañía mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% y hasta un 5% quedará destinado a un fondo gremial a través del Programa de Propiedad Participada.

El anuncio coincidió con denuncias sobre la fuga de cerebros y el desfinanciamiento de otras áreas del organigrama nuclear estatal bajo el paraguas Comisión Nacional de Energía Atómica, la organización enfocada en el desarrollo y la investigación, incluido el reactor Carem.

Desde que en 1994 Carlos Menem separara ambas áreas (NA-SA y CNEA), se habilitó la posibilidad de vender una parte de la empresa que conoce de cerca la tecnología (extranjera) de las centrales nucleares, un tema que retomó Javier Milei tres décadas después. En noviembre de 2025, la resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía dio inicio al procedimiento y estableció que la Secretaría de Energía debía realizar un inventario de los bienes tangibles e intangibles que hacen al valor de las acciones. También dispuso que una entidad bancaria del sector público nacional realice la valuación del paquete accionario.

Pero, a casi un año de la decisión, Nucleoeléctrica no aparece entre las privatizaciones que concentran la agenda inmediata del Gobierno. Según un exfuncionario de la CNEA consultado por PERFIL, que optó por la reserva, el proceso quedó en una suerte de pausa y no parece probable que avance durante este año, en especial en torno a su valuación.

La discusión sobre NA-SA se produce en paralelo a la controversia judicial que cuestiona la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una zona ubicada entre Neuquén y Río Negro. Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados son activos construidos por el estado que, si bien continúan siendo de propiedad pública, el Gobierno volvió a conceder la operación de las represas (que brindan insumos estratégicos para el desarrollo nuclear, como el agua pesada), lo que derivó en denuncias en torno tanto a la tasación de esos activos y sus adjudicatarios, entre los que figuran los hermanos Neuss cercanos a Santiago Caputo.

En tanto, el caso del Comahue funciona como disparador para mirar qué sucede con Nucleoeléctrica, pero no se trata del mismo proceso para involucrar al sector privado. En las hidroeléctricas, el Estado conserva la propiedad de las centrales y otorga a privados una concesión para operar los complejos. En NA-SA, en cambio, lo que se pone a la venta es una participación de la empresa que opera las centrales nucleares que entre enero y junio de 2026 aportaron más del 7% de la generación eléctrica nacional y cubrieron el 13% de la demanda residencial, según informó la agencia NA.

La diferencia también modifica la ecuación para el eventual comprador. En una concesión, el privado paga por el derecho a explotar un activo que continúa siendo público. En Nucleoeléctrica, quien ingrese compra acciones de una compañía y deberá convivir con un accionista mayoritario estatal, al tiempo que participa de una empresa que requiere inversiones futuras. Lo que significa que el Gobierno busca vender una parte de la compañía que las opera.

Una participación minoritaria que no es fácil de vender

El esquema definido por el Gobierno, el Estado se queda con la posesión del 51% y del control de NA-SA, a partir de las restricciones que introdujo el Congreso sobre el alcance de la privatización, que originalmente formaba parte de un programa más amplio de apertura del capital de las empresas públicas.

Según trascendió, en el sector hubo una estimación que ubicaba el valor total alrededor de mil millones de dólares, mientras que por el momento no existe la valuación oficial pública. PERFIL consultó sobre este tema a fuentes del Nucleoeléctrica pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En paralelo, surgió la pregunta sobre el eventual atractivo tiene para un inversor comprar el 44% de una compañía cuando el Estado seguirá siendo el accionista mayoritario. "¿Cómo se sabe cuánto vale una compañía? Primero la haría rentable, que gane dinero, como YPF, y después la haría cotizar en Bolsa", planteó el exfuncionario consultado. En su visión, atomizar el 44% entre inversores del mercado de capitales permitiría abrir la empresa al sector privado sin resignar el control estatal y, al mismo tiempo, volvería más difícil una eventual reestatización por otro gobierno.

La clave es que una cosa es el valor teórico de una compañía por sus activos y capacidades y otra lo que un inversor está dispuesto a pagar por una participación minoritaria, más aún cuando el Estado conserva el control. Por eso, la propia resolución del Ministerio de Economía puso la valuación en el centro del proceso, al exigir identificar los bienes tangibles e intangibles (incluido el conocimiento acumulado en materia nuclear) que componen el valor de las acciones. En NA-SA, además de las centrales, entran en esa ecuación el conocimiento técnico, la experiencia operativa y la infraestructura, pero también obligaciones como la extensión de vida útil de Atucha I, actualmente parada.

Mientras la discusión en torno a la venta de la empresa sigue en pausa, el Gobierno impulsa su idea de convertir al sector nuclear en un negocio atractivo a través del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, quien reconoció que una de las prioridades es reordenar el sector y mejorar su viabilidad económica. "El objetivo primordial de la Secretaría es reordenar el sector y buscar que las distintas unidades de negocio que pueden surgir a partir del sector tengan una viabilidad económica y comercial, que hasta ahora se mostró en general deficiente", sostuvo Ramos Napoli el 20 de enero pasado en una entrevista con EconoJournal.

El costo político y el rol del Congreso

Más allá del factor financiero, o de la rentabilidad económica inmediata, la venta de Nucleoeléctrica tiene un fuerte componente simbólico y político que tiene otro peso en un contexto pre electoral. "Hay un abismo entre el precio real y lo que el sentido común de la sociedad cree que vale una empresa así", explicó en off el exfuncionario.

En paralelo, el debate comenzó a trasladarse al Congreso, a través de un proyecto de ley denominado “Protección y Desarrollo Estratégico del Sistema Nuclear Argentino”, al que accedió este medio, que busca establecer límites a la participación privada en distintas áreas del sector nuclear.

La iniciativa plantea declarar estratégicos a las centrales nucleares, el ciclo del combustible, la Planta Industrial de Agua Pesada, los proyectos CAREM y RA-10, además de instalaciones, propiedad intelectual, conocimientos técnicos y recursos humanos especializados. El proyecto propone que esos activos no puedan ser enajenados, transferidos o sometidos a mecanismos que impliquen pérdida del control estatal sin autorización expresa del Congreso.

La discusión sobre el futuro de Nucleoeléctrica se da, además, en un momento de transformación de la política nuclear internacional. Desde la llegada de Milei a la Rosada, Argentina profundizó su acercamiento con Estados Unidos en materia nuclear, siguiendo la línea de la Doctrina Donroe que supone la expulsión de China de áreas que Washington considera estratégicas para sus intereses. En este caso, giró especialmente alrededor del desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR) y del renovado programa FIRST del gobierno de Donald Trump. Durante 2026, la cooperación incluyó actividades técnicas y visitas de funcionarios estadounidenses a los centros vinculados al desarrollo de estas tecnologías, como el INVAP o el Instituto Balseiro.

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