VTV en Salta: El Senado pone un "freno de mano" a la desregulación por falta de certezas de Nación
Ivana Chañi
El Senado de Salta analiza un proyecto clave para modernizar los controles viales en todo el territorio provincial. En una reunión con autoridades de Seguridad Vial, la AMT y la Policía, los legisladores trataron la adhesión al Decreto Nacional 196/25, que otorga plena validez legal a la licencia de conducir digital a través de la app "Mi Argentina". Además, se puso bajo la lupa la posible desregulación de la VTV, aunque desde la Provincia advirtieron que aún restan precisiones del Gobierno Nacional para avanzar en ese punto.
El encuentro de la Comisión de Legislación General tuvo como eje principal facilitar la circulación de los conductores. Según explicó el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, la licencia digital ya funciona con el sistema de scoring federal, donde Salta es una de las nueve provincias pioneras.
Puntos clave del encuentro:
Validez de la App: La licencia en "Mi Argentina" tendrá la misma fuerza que el carnet físico. Se recomienda descargarla antes de viajar para evitar problemas de conectividad en las rutas.
Fronteras: ¡Atención! Para cruzar a otros países (como el caso de los vecinos de Los Toldos que pasan por Bolivia), el carnet físico sigue siendo obligatorio.
Scoring: Se ratificó el sistema de 20 puntos por conductor. La alcoholemia positiva implica la pérdida total de los puntos.
Cobertura total: 56 de los 60 municipios salteños ya emiten la Licencia Nacional; San Lorenzo se sumará en mayo.
La incertidumbre de la VTV/RTO
Respecto a la desregulación de la Revisión Técnica, el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, fue cauteloso. Señaló que la Provincia no puede avanzar hasta que Nación entregue una base de datos federal de talleres habilitados y complete la reglamentación. Por ahora, el Senado resolvió esperar estas definiciones nacionales antes de modificar plazos o controles en los vehículos particulares.
Finalmente, se anunció que desde mayo la provincia asumirá la facultad de otorgar la Licencia Nacional Habilitante para el transporte interjurisdiccional, una tarea que antes dependía exclusivamente de Nación, fortaleciendo así el poder de fiscalización local.


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