Agustina Tolaba
Por Aries, la fiscal Sandra Rojas confirmó que la investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, avanza bajo la hipótesis de una posible falsificación de documento público, delito que prevé penas de entre uno y seis años de prisión.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, quien advirtió irregularidades en el supuesto permiso presentado para realizar el evento en la reserva natural. Según explicó la fiscal, el documento exhibido “tenía una firma pegada, como cortada y pegada”, lo que despertó sospechas sobre su autenticidad.
Rojas detalló que el material analizado presenta inconsistencias: “Hay una primera foja donde se menciona un supuesto evento, pero no existe una parte resolutiva donde la Secretaría autorice. En la segunda hoja aparece una firma que claramente está recortada”, señaló.
En ese marco, la Fiscalía de Cafayate inició medidas para identificar a los responsables y determinar el origen del documento. Entre las primeras diligencias, se avanza en la identificación de la persona que presentó la autorización, quien sería la titular de un catastro en la zona, y en el requerimiento de la documentación original.
La fiscal explicó que la investigación se divide en dos frentes. Por un lado, la justicia penal ordinaria analiza la presunta falsificación del documento. Por otro, la fiscalía contravencional interviene en lo relacionado al uso indebido de un área protegida, lo que podría derivar en multas económicas o sanciones como trabajos comunitarios.
En cuanto a las responsabilidades, Rojas indicó que la investigación alcanza a quienes organizaron el evento, a quienes presentaron la documentación y a cualquier persona que haya intervenido en la posible adulteración del permiso.
“El delito de falsificación de documento público contempla penas de 1 a 6 años de prisión para quien altere o inserte declaraciones falsas en instrumentos públicos, causando un perjuicio”, precisó.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y busca determinar cómo se generó el documento cuestionado y quiénes fueron los responsables de su utilización para realizar un evento privado en una reserva natural protegida.
