Ivana ChañiEl jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará en el Congreso con un proyecto para endurecer penas e incorporar nuevos delitos, en el marco de una reforma integral del Código Penal.
Según explicó en conferencia, la iniciativa apunta a reforzar la respuesta del sistema judicial frente a problemáticas de seguridad que —según planteó— no pueden esperar.
En ese sentido, detalló que se trabajará sobre delitos como motochorros, entraderas, salideras bancarias, estafas piramidales, trapitos, viudas negras, armas en cárceles y daño animal, entre otros.
El funcionario señaló que se trata de un proyecto de gran magnitud, con más de 900 páginas, destinado a modificar un Código Penal vigente desde 1921.
Indicó que la reforma se encuentra en revisión junto a una comisión creada por el Ministerio de Justicia, pero que el Ejecutivo decidió avanzar en paralelo con el Congreso en los puntos vinculados a seguridad.
De esta manera, el Gobierno busca acelerar cambios en áreas consideradas prioritarias, mientras continúa el análisis integral del nuevo esquema penal.
Adorni enmarcó la iniciativa dentro de lo que el presidente definió como el “año de las reformas”, y aseguró que se trata del proceso legislativo “más reformista de la historia”.
Planteó que el objetivo es modernizar el sistema penal y adecuarlo a nuevas modalidades delictivas que hoy no cuentan con una respuesta eficaz.
En paralelo, el jefe de Gabinete advirtió sobre la situación del sistema judicial y confirmó que el Ministerio de Justicia enviará 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores al Senado para su tratamiento.
Remarcó que actualmente hay 364 cargos vacantes sobre un total de 1002, lo que implica que la Justicia federal funciona “a casi el 60% de su capacidad”.
Según sostuvo, esta situación afecta el funcionamiento del Estado y contribuye a demoras en los procesos judiciales.
Adorni también cuestionó el funcionamiento histórico del sistema judicial y aseguró que durante años se frenaron designaciones por intereses políticos.
Planteó que la designación de jueces se convirtió en un problema dentro del debate público y afirmó que esa etapa “se termina”.
